El Observatorio del Lince fue inaugurado sin tener licencias

El Ayuntamiento de Almonte está ahora en proceso de otorgar a la consejería el permiso para esta instalación como ha admitido para este periódico y se desprende de la providencia firmada el pasado 5 de junio por el Consistorio, documento al que ha tenido acceso ABC. El Ayuntamiento de esta localidad onubense en cuyo término municipal se encuentra el que se anunció como el mayor observatorio de linces de Europa, dice, sin embargo, no conoció su existencia hasta el pasado 22 de marzo, fecha en la que, según fuentes municipales, el Espacio Natural de Doñana la notificó, porque la administración local «no tiene labor de vigilancia en esta zona por ser una zona restringida».

La consejería, por su parte, se defiende enarbolando la Autorización Ambiental Unificada con la que cuenta desde el 2 de febrero de 2018 —dos años después de la construcción del edificio—, y argumenta que, gracias a este sello, no precisa de licencia de actividad —algo que también sostiene el Ayuntamiento—, y tampoco de obra, por lo menos para el «observatorio central, porque lo demás es preexistente». Afirma igualmente que el zoo «reúne todas las garantías de seguridad avaladas por los correspondientes informes técnicos» y que el Ayuntamiento contestó el pasado 15 de marzo —al menos una semana antes de la fecha en la que dicen haber tenido conocimiento de la existencia del observatorio—, que las licencias son innecesarias al disponer de la AAU.

Efectivamente, la concesión de la Autorización Ambiental Unificada con la que cuenta el zoo del lince fue publicada en el BOJA el 14 de febrero de este mismo año, días después de que la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva emitiese un informe vinculante, conforme a lo dispuesto en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en la que especifica haber consultado, entre otras administraciones, al Ayuntamiento de Almonte. Por tanto, según este informe, el Consistorio debería tener conocimiento de la existencia del observatorio, al menos, desde que comenzaron los trámites de la AAU, allá por el 23 de noviembre 2017.

La infraestructura, cuya construcción culminó en 2016, como puede comprobarse a través de la herramienta cartográfica Rediam, se sitúa en el interior del Parque Natural de Doñana, p or lo que llevaría al menos dos años en pie sin contar con los preceptivos informes municipales.

Por ello y a pesar de contar con el «informe de innecesariedad» al que remite la Junta, no se entiende que la consejería haya solicitado ahora al Ayuntamiento una licencia de obras para la adecuación e instalación del observatorio para linces. El Ayuntamiento advierte en su respuesta a la administración autonómica, en forma de escueta providencia, que el proyecto presentado «no cumplimenta la documentación mínima exigida para poder supervisar las obras solicitadas». Por ello, insta a la administración andaluza a que presente el proyecto básico y de ejecución «de las obras a realizar» conforme al Código Técnico de la Edificación o «si las obras estuviesen finalizadas completamente», reza el documento, «deberá presentar en su caso expediente de legalización».

Este último sería el caso que afectaría al Observatorio del Lince del Acebuche, sobre el que el Ayuntamiento advierte de que, «si procede», deberá solicitar también la correspondiente licencia de actividad, además de los informes sectoriales que conlleva cualquier actuación que se realice en el seno del Parque Natural de Doñana, pese a haber manifestado la innecesariedad de forma previa, según la consejería y la administración local. Para justificar la innecesariedad de la licencia de actividad aluden a la concesión previa de la AAU.

La norma que regula esta autorización, el decreto 356/2010 de 3 de agosto, establece en su artículo 26.1 que «la obtención de la Autorización Ambiental Unificada no eximirá a las personas o entidades titulares o promotoras de obtener cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad». El Ayuntamiento ha rechazado facilitar a ABC el informe de innecesariedad alegando que «el contenido de la misma afecta a terceros, en este caso, a la Junta de Andalucía».