Investigan a la alcaldesa de Punta Umbría por un presunto delito urbanístico

El Juzgado de Instrucción 3 de la capital, que abrió diligencias a finales del pasado verano, una vez analizada la documentación que obra en el expediente, imputa a la regidora por un presunto delito contra la ordenación del territorio , causa en la que hay al menos otras tres personas investigadas, confirmaron a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Se trata del restaurante Punta Mar, en el que en 2016 se instaló una terraza, cubierta y cerrada con elementos desmontables (cristaleras y carpintería metálica), que en las últimas dos temporadas ha estado gestionado por la empresa Tanajales SL, de José Luis Gómez, conocido como «Pepe El Marismeño» , que está al margen del proceso judicial.

Precisamente ahora, a los cuatro años de operar sin licencia y con la investigación en curso, Águedo decreta el cierre del establecimiento de forma cautelar, con aviso de que en el caso de no producirse, la Policía Local llevaría a cabo el precinto.

La empresa que explotaba el restaurante, con anterioridad a Pepe «El Marismeño’, trasladó antes de la temporada 2016 la petición para llevar a cabo un proyecto «integrado» en el entorno – exponía-, construido con materiales «desmontables y no contaminantes» en la terraza. Así, concretaba que estaría hecha a base de madera y cristal – desmontable- con una superficie y la actividad quedó incluida en el Plan de Explotación de Servicios de Temporada de Playas 2016, que el Consistorio presentó entonces en el departamento de Medio Ambiente de la Junta.

Sin embargo, tras una visita de la Inspección municipal, se constató que se habían llevado a cabo obras para sustituir la estructura de perfiles tubulares y cañizo, por estructura metálica y paneles «tipo sándwich», así como de la tarima de madera por solería de terrazo sobre la arena , en la terraza de la playa, siendo la superficie aproximada de actuación de 200 metros cuadrados, según consta en el expediente.

Antes de aquel verano, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Huelva autorizó al Ayuntamiento costero a la ocupación de bienes de dominio público marítimo terrestre con destino a la explotación de los servicios de temporada que, el Consistorio por decreto aclaró que se trataba de una autorización de carácter tempora l, debiendo proceder a su desmontaje tras el verano. Este requerimiento no se atendió en aquel momento y la terraza ha permanecido igual desde entonces, sin que se haya desmontado en algún momento.

Las peticiones se repitieron en los años siguientes y, hace dos años, en base a resolución del departamento de Medio Ambiente de la Junta , se señalaba que «no se trata de una instalación abierta y no resulta autorizable » y ha seguido abierta hasta ahora.