Los investigados en el soborno de Aljaraque atacan las grabaciones por «manipuladas» y piden el archivo

Tras dos intentos fallidos desde septiembre, la Audiencia Provincial de Huelva (Sección I) ha oído en sala las tesis de las partes, en una vista señalada para conocer los recursos de apelación presentados por las representantes legales de los cinco investigados contra la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado , que dictaminó el Instrucción 1 de Huelva, que ha llevado a cabo la investigación.

En el presunto soborno de Aljaraque, el supuesto intento de compra de dos concejales de la formación morada en el municipio para reconducir la moción de censura con la que pretendían desbancar –junto al PP- al equipo de gobierno del PSOE, figuran como investigados el secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación Provincial, Ignacio Caraballo , los dos concejales de la formación, Pedro Escalante y Francisco Martín ; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R., director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva .

En la bancada de las defensas , cuatro posiciones (la de los concejales, representados por Juan Torres ; la del dirigente sindical, con Francisco Nieve s como letrado; Caraballo representado por José María Calero y el directivo de Aguas de Huelva por Ángel Ramírez ) con varios denominadores en común.

Una a una, las defensas han mantenido que los audios que el asesor de la formación morada y denunciante puso en manos de la instructora y abrieron la investigación fueron «manipulados» por el mismo denunciante, y en consecuencia «carecen de valor probatorio», por lo que han solicitado su nulidad .

El auto de la instructora es también diana de los argumentos de los abogados de los investigados, al considerar que « no está justificado y adolece de falta de concreción» (respecto a los tipos penales y las imputaciones) y «causa indefensión » a sus representados. Se ha calificado de « ambiguo (Nieves), mientras que Torres ha llegado a afirmar que el «el expediente se cae a trozos».

Así se pide la nulidad de las actuaciones desde el momento en el que el denunciante entregó el pendrive con las grabaciones, echando mano de la teoría del « árbol envenenado », además de señalar que las partes no han podido acceder al archivo para conocer su contenido.

Los audios, junto al informe del tráfico de llamadas ordenado por la instrucción han sido claves en el procedimiento y para que la juez mantenga los cargos.

Según el representante del dirigente del PSOE, que ha pedido también que se el sobreseimiento de la causa en este caso porque su actuación no es delito o no aparece justificada su perpetración, las grabaciones representan «una prueba de que el denunciante ha intentado introducir como sea a Caraballo» y «revelan una actuación derivada de la mala fe ».

En el informe, hay tres llamadas entre Caraballo y el dirigente de CCOO, al que el denunciante sitúa como mediador enviado por el secretario general del PSOE a una reunión que tuvo lugar en un bar (Casa Bernardino) antes de que los concejales de la formación morada sellaran el pacto con los socialistas, y en la que supuestamente se ofreció una concejalía a un edil y un puesto de trabajo en la empresa de aguas para la mujer del segundo concejal (que entró a trabajar poco después).

Mientras, Ramírez ha pedido que se saque de la causa al directivo de Aguas de Huelva, que « no ha tenido intervención alguna en la moción de censura y no aparece mencionado en el procedimiento, en las grabaciones ni en las llamadas.

La Fiscalía , a cuyos argumentos se suma la acusación del grupo municipal del PP, representada por Wenceslao Moreno mantiene su posición y defiende tanto la validez de las grabaciones y su contenido, como la motivación del auto recurrido por las defensas, mientras que rechaza que se haya producido cualquier ruptura en la cadena de custodia del pendrive (como ha indicado la defensa de los concejales).

La acusación pública, que lleva el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores , ha subrayado que hay que esperar a la fase próxima para concretar las imputaciones en cada caso y que son necesarias algunas diligencias, como la declaración del comisionista (cuya no comparecencia ha demorado la instrucción), que podrían tener consecuencias.