Fertiberia exprime la vía judicial para abonar el plan fosfoyesos pese al aviso de la Audiencia Nacional

Días después de que la Audiencia Nacional -donde se sigue un proceso judicial que se alarga desde 2003- diera la empresa un ultimó aviso para presentar, en el plazo máximo de un mes, el aval o seguro de caución por importe de 65,9 millones de euros hasta cubrir la ejecución completa de los trabajos de regeneración de las marismas, Fertiberia anuncia que estudiará la posibilidad de recurrir dicho auto.

En un comunicado, la compañía de fertilizantes insiste por enésima vez en defender «la suficiencia e idoneidad» de las garantías hipotecarias propuestas como fórmula para hacer frente al coste del plan fosfoyesos, que la Audiencia Nacional le ha negado de forma reiterada en los último años, en cada ocasión que la ha propuesto.

Aunque Fertiberia presente recurso de reposición ante la Audiencia Nacional, el mes de plazo que el Alto Tribunal le ha dado para depositar presentar los fondos (aval o seguro de caución) sigue corriendo en una cuenta atrás, al no tener este recurso efectos suspensivos y, en consecuencia, no suspende la ejecución de la resolución.

La empresa, tras manifestar que este recurso «no afecta a su compromiso de ejecutar el proyecto de restauración», ha afirmado que permanece a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica se pronuncie sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y reitera «su total colaboración para iniciar esta inversión inmediatamente».

Fertiberia ha mantenido que, desde el primer momento, inició todos los trabajos encaminados a lograr este objetivo y en 2014 concluyó la elaboración de un proyecto que, basado en las mejores técnicas disponibles, y tras sucesivas mejoras, fue declarado idóneo por el Ministerio de Medio Ambiente y la Audiencia Nacional en 2016.

«Desde entonces, la empresa ha seguido cumpliendo puntualmente con todas las fases necesarias para iniciar esta inversión con la mayor celeridad posible». El proyecto y el estudio de Impacto Ambiental presentado ante el Ministerio ha sido objeto de exposición pública, y en marzo de 2018 la compañía ha recordado que entregó toda la documentación e informes, contestando las alegaciones finales recibidas, y en enero de 2019 a los últimos requerimientos de información complementarios.

Según la empresa, «lo realmente sustantivo» en este momento es «el avance administrativo del propio proyecto y el inicio inminente del plan», que activará un desembolso de más de 65 millones de euros y que creará más de 100 empleos durante los diez años de ejecución del proyecto.