«Caso Edu»: el fiscal jefe de Huelva ratifica el archivo de la pieza política

La ratificación de la decisión de no mantener la acusación por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de la causa es la respuesta enviada al magistrado del Instrucción 5 de Huelva , Javier Romero , quien ha requerido al superior jerárquico del fiscal de la causa principal de los cursos de formación un pronunciamiento sobre la petición del archivo provisional tras la apertura un procedimiento abreviado para su investigación.

El fiscal Jefe de Huelva estima «improcedente» el emplazamiento realizado al superior jerárquico del fiscal que formuló la solicitud de sobreseimiento «pues al existir la acusación particular , en este caso la Junta de Andalucía, reconocida por la Audiencia Provincial, en concurrencia con el fiscal para no mantener la acusación» , resulta obligado acordar el sobreseimiento , conforme al artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La petición de archivo del fiscal Jefe de Huelva coincide, en forma y argumentos semejantes, a lo acordado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, de otras Fiscalías andaluzas y por otros Juzgados de Instrucción de distintas capitales andaluzas que ha instruido procedimientos por los mismos hechos, todos derivados de la investigación policial conocida como « Caso Edu».

Señala en su escrito, que «los hechos fijados en la denuncia de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía Nacional, y a la vista de cómo eran descritos los delitos aludidos, la decisión de formular acusación pública no debe ejercitarse sin el apoyo de una prueba sólida para poder presentar en juicio pruebas de cargo que apoyen la existencia de conductas delictivas».

Al igual, que el en el primer escrito fiscal para archivar el caso, repasa los procedimientos administrativos realizados en la tramitación de las subvenciones para los cursos de formación y no reconoce delitos en su aplicación. Se ha apreciado determinadas irregularidades en atestados e informes de intervención que se han visto corregidas por la existencia de cobertura legal de algunas de esas actuaciones o explicadas por insuficiencia de recursos personales y por cambios en los procedimientos de supervisión.

El escrito fiscal recuerda que la legislación vigente contempla procedimientos administrativos de reintegro de subvenciones que no acrediten su justificación por las empresas beneficiarias en las fases de liquidación. Existen todavía diez piezas separadas correspondientes a empresas investigadas por fraude de subvenciones, que recibieron un importe superior a los 120.000 euros.