Caso Edu: La Fiscalía de Huelva da un giro de última hora y pide que se dé carpetazo al caso

En la lista figuraban hanta ahora el Secretario General de Empleo, JM.I.; el Jefe del Servicio de Formación para el Empleo (J.A.G.F.) el Jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua (M.M.V.C.), además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona en cuyas manos recaía la justificación económica de las subvenciones.

La Fiscalía, que desestimó los recursos presentados por las representaciones legales de los investigados contra su procesamiento, pide ahora que se dé carpetazo a la causa y se deje fuera de toda responsabilidad penal a los implicados de la llamada pieza política.

En su escrito, en manos ya tanto de las partes como del titular del Instrucción 5 de Huelva –encargado de la investigación-, Javier Romero , echa flores al juez por seguir una investigación «de forma tan metódica » para a continuación anunciar la petición de sobreseimiento.

Consideró este Ministerio Fiscal «que el auto de transformación a Procedimiento Abreviado, en su día recurrido por los investigados, contaba con base para ser dictado y reunía los requisitos exigidos para esa resolución en el momento y con la finalidad para la que se dictó», afirma el fiscal del caso, Jesus Jiménez Soria , en un escrito de 25 folios – al que ha tenido acceso ABC- en el que argumenta su petición.

Sin embargo, tras este tiempo y con la instrucción cerrada, se produce un cambio de posiciones. «Aun cuando pudiera estimarse que, indiciariamente, estuvieran acreditados determinados hechos que pudieran integrar el elemento objetivo de los delitos imputados", considera que « no ha aportado datos ni pruebas bastantes para sustentar una acusación con una mínima base inculpatoria que pudiera ser mantenida en un hipotético juicio oral».

En este sentido, reitera que no se ha acreditado «el elemento subjetivo que debe concurrir para que esos hechos se les pueda imputar a los investigados porque los hubieren realizado conjuntamente, de común acuerdo entre ellos, con la finalidad de obtener ese resultado de un destino de los fondos de formación no previsto en la norma, favoreciendo con ello a determinadas empresas, con las que, por otra parte, tampoco consta que estuvieran concertadas, puesto que no se ha acreditado que tuvieran relaciones o intereses de algún tipo que pudiera explicar que todos ellos quisieran favorecerlas con las subvenciones a ellas concedidas».

Para desmontar la tesis de que todos los implicados actuaran de común acuerdo, el fiscal hace referencia a la estructura organizativa del Servicio Andaluz de Empleo, de forma piramidal «con distintos escalones y diferentes funciones, pero sin ser compartimentos estancos. «Deberá tenerse en consideración cuáles son las funciones, cometidos y capacidad de decisión de cada uno de los investigados en los hechos objeto de las presentes, para ya apreciar una muy distinta intervención de cada uno de ellos y la dificultad de que todos actuaran de común acuerdo con un mismo propósito delictivo», que descarta.

Según el Ministerio Público, la organización interna «determinó lo que, sin duda, era un sistema ineficaz para el adecuado control de la gran cantidad de documentación que se tramitó », punto en el que destaca « el exceso de trabajo » para el poco personal existente – que menciona en varias ocasiones a lo largo del escrito-, además de «la inadecuada estructura funcionarial y el complejo sistema establecido para gestionar los cursos de formación.

Tras afirmar además que no se ha acreditado que en el proceso de selección de las empresas a las que se les concedió las subvenciones y la notificación a ellas se haya cometido irregularidad alguna, rebate las afirmaciones del instructor en relación a las reuniones que a lo largo de 2010, el jefe de Servicio de Formación para el Empleo mantuvo por las tardes con distintos colaboradores para seleccionar o elegir a los beneficiarios de las ayudas, fase en la que el control «era mínimo » según el juez, sin que se llevaran a cabo comprobaciones de la documentación aportada.

Según la Fiscalía, que este órgano colegiado se reuniera por las tardes «no tenga más sentido que lograr cumplir su labor ya que el Jefe de Servicio no podía reunirse por la mañana debido a la carga de trabajo que soportaba ya que el tiempo para la baremación era muy breve; no se puede concluir que esas reuniones fueran para evitar cualquier tipo de control o para tomar las decisiones de forma inadecuada ».

Por otro lado, subraya la acusación pública que el Interventor Provincial de Huelva es el único de todos los que integran la Intervención General en Andalucía en cada provincia que sostiene que se haya producido menoscabo y «que la mayoría de las irregularidades que detalla en su informe se hallan amparados por cobertura legal », y en otros se explica el sistema de funcionamiento para llegar a la conclusión de que el procedimiento no ha sido ilegal. Todo lo más, aceptando que se hayan producido irregularidades –añade-, éstas no superan la barrera de la infracción administrativa , pero en modo alguno pueden fundamentar un ilícito penal ».