El núcleo duro del PP en Granada se defiende en el juicio por supuestas irregularidades en el congreso

Ese ha sido, entre otros, el principal argumento esgrimido por García Montero al denunciar un hecho –que los militantes no tenían que estar al día con las cuotas para poder votar– que él mismo había reclamado en el periodo de campaña electoral . Si bien no ha detallado de qué forma se ha visto perjudicado, el concejal capitalino ha puesto como ejemplo este lunes que en Granada pudieron votar más de 5.000 afiliados , lejos de los menos de 1.000 que lo harán en el congreso nacional que permanece abierto después de que el censo haya sido revisado.

Según ha declarado el gerente del PP, Francisco José Almohalla, el deficiente censo con el que trabajó el comité organizador fue remitido desde la sede en Madrid y contenía datos sobre afiliados –algunos incluso ya fallecidos– entre los que no se incluía su situación con respecto al pago de las cuotas, y el partido no habría entrado a corregir el listado por falta de personal y porque no todos los afiliados pagan lo mismo, aunque ha reconocido que las bases explicitaban este aspecto, obviado en la carta que recibieron los simpatizantes del PP.

En esta última sesión del juicio que ha quedado visto para sentencia, también han comparecido en calidad de testigos el secretario del partido, Pablo García , y el secretario del comité organizador, Juan Antonio Robles , ambos de la confianza del presidente provincial. Ambos han sostenido que cada municipio elabora sus propias normas de los procesos internos, que en algunos pueblos tampoco se ha exigido que los militantes estén al corriente de pago y que, si bien no se exoneró el pago, tampoco se revisó que se hiciera.

Sobre la presencia de interventores de la candidatura de García Montero, todos han defendido que no hubo problema para que estuvieran en las mesas electorales. Por su parte, el abogado defensor ha rehusado entrar a fondo en el asunto, pues considera que García Montero no reclamó internamente antes de acudir a los tribunales para denunciar unos hechos que el letrado considera perfectamente legales.

Juan García Montero, que en su momento pidió públicamente que no se tuviera en cuenta si los militantes habían pagado o no, sostiene que éste era un requisito fundamental recogido en los estatutos del partido a todos los niveles. Por ello, el concejal próximo a la facción del exregidor José Torres Hurtado reclama que se repita el congreso que se celebró el 20 de mayo de 2017, en el que Sebastián Pérez le venció por más del doble de los votos que él obtuvo y fue reelegido presidente de los populares granadinos, cargo que ocupa desde hace unos 15 años.