Horas contadas para el botellódromo de Granada

Tan gregaria costumbre tiene las horas contadas, y a estos chavales se les quiere buscar alternativas de ocio que, de paso, mejoren la convivencia vecinal en el entorno. Para ello, una comisión de expertos va a empezar a reunirse en breve con el objetivo de que la prohibición de la Fiesta de la Primavera , anunciada la semana pasada por el Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada, suponga solo el primer paso para la erradicación de los botellones como forma de diversión.

Porque el consumo masivo de alcohol se ha convertido en un problema que no deja de acrecentarse en la capital granadina hasta extremos preocupantes. Tres de cada diez jóvenes de entre 14 y 18 años se emborrachan al menos una vez al mes. Son datos que maneja Proyecto Hombre Granada con base a una encuesta de actitudes del Plan Nacional sobre Drogas.

Es una de las asociaciones con las que el Ayuntamiento está trabajando para poner en marcha el comité de expertos que podría tener sus primeras resoluciones en menos de 2 de meses. Hay que preguntarse por qué en Granada está «más instaurado el botellón que en otras ciudades», indica Miguel Ángel Márquez, técnico de Proyecto Hombre.

Hoy demonizado, la habilitación del botellódromo hace diez años contribuyó a reconducir fiestas como la de las cruces de mayo que se desbocaban cada año de la mano de jóvenes que convertían el centro histórico de la ciudad en un estercolero. Pero no tardaron en surgir quejas de los nuevos vecinos perjudicados.

Por ello se trata de buscar «soluciones a corto, medio y largo plazo», indicó ayer durante el pleno municipal Luis Salvador, portavoz de Ciudadanos, la formación que ha impulsado el comité de expertos. De paso, se desvinculará a Granada de las «megafiestas y el desenfreno» que, según añadió, se asocian al turismo de borrachera y de despedidas de solteros.

El cierre del botellódromo es uno de los puntos pactados entre el PP y Ciudadanos el pasado verano para posibilitar la investidura de José Torres Hurtado como alcalde en el marco de un acuerdo que está ahora en «stand by». Es la expresión utilizada por Salvador a la espera de la resolución del caso Serrallo en el que está siendo investigada judicialmente la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, de la que la formación naranja exige su marcha.

Antes de que el acuerdo se diera por roto en diciembre, Ciudadanos llegó a situar la puesta en marcha del comité de expertos para el botellódromo como condición para apoyar al PP en la aprobación de los presupuestos de la ciudad.