El apoyo institucional a Juana Rivas se quiebra en dos

Después de que el miércoles el Tribunal Constitucional desechara –por un defecto de forma– el recurso de amparo formulado por la madre para la suspensión cautelar de la sentencia por la que está obligada a entregar a sus hijos al padre que la maltrató, las reacciones de las administraciones han resultado ser diferentes en base a unos mismos hechos .

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido «que se respete el estado de derecho » , puesto que «hay que una denuncia y hay un juez que está actuando». Acerca de la orden de arresto que pesa sobre Juana Rivas por el presunto secuestro de sus hijos, Zoido ha instado tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil a que actúen: «Lo que tienen que hacer es cumplir con los requerimientos que le haga la autoridad judicial».

A pesar de que Rivas está perfectamente localizada, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado aún no han detenido a la madre. De alguna forma, Zoido sugirió que la decisión de arrestar a Juana está en manos del juez instructor, a quien corresponde «acordar qué diligencias se toman» ahora: «Estamos esperando que sea la autoridad judicial la que siga impulsando este proceso».

El ministro se ha mostrado empático y parece estar sensibilizado con el tema, que ha calificado de «delicado»: «Tenemos la obligatoriedad de cumplir con las decisiones judiciales, que están para cumplirlas. Es verdad que ha habido recursos a las más altas esferas de la justicia en España, pero también que hay unos antecedentes que hacen que uno se plantee muchas cosas». Pero ha insistido en la necesidad de cumplir con los fallos judiciales. De lo contrario, «entramos en una espiral que es muy complicada después de poder reconvertir».

Por su parte, el Instituto Andaluz de la Mujer, que depende de la administración autonómica, ha reiterado su compromiso de «apoyar a la víctima y velar por el interés superior de los menores » , sin dejar de respetar las decisiones judiciales. Para la directora del IAM, Elena Ruiz, no cabe duda de que el caso de Juana Rivas es de violencia género, por lo que ha recordado que el ordenamiento jurídico español contempla que las decisiones de los jueces deben proteger a las víctimas, «especialmente si son menores » .

Su razón no es otra que la evidencia científica . La directora del IAM ha señalado que los niños que se exponen –por el mero hecho de ser testigos– a escenas de violencia de género sufren conflictos psicológicos fruto de esas situaciones de estrés, lo que podría derivar en la reproducción de dicha violencia o padecer secuelas irreparables durante el resto de su vida.

«Si las instituciones animamos a las víctimas a pedir ayuda, cuando lo hacen no pueden encontrarse con problemas de procedimiento jurídico o coordinación internacional», ha señalado Ruiz, quien también ha recordado que sólo la Fiscalía tiene el poder de recurrir la sentencia del Tribunal Constitucional en un plazo de tres días desde su emisión. En caso contrario, Juana Rivas podrá acudir como última opción al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Además, ha apuntado, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género establece recomienda medidas concretas para la suspensión del régimen de visitas a menores por parte de padres condenados por violencia de género.

El siguiente capítulo del caso de Juana Rivas está previsto que se desarrolle el próximo lunes. El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada mantiene la citación para que la madre haga entrega de sus hijos al padre que la maltrató a instancias del progenitor, de acuerdo con el fallo del tribunal, que invoca al Convenio de La Haya para justificar su decisión, mientras que las asesoras jurídicas de Rivas se aferran a que no se está cumpliendo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género , entre otras normas.

Si aparecerá o no de forma voluntaria sigue siendo una incógnita, la gran incógnita. Juana Rivas permanece desaparecida con sus hijos desde hace tres semanas. Aunque su familia le ha recomendado que no devuelva a los menores ni aparezca, sus asesoras jurídicas apuntaron el pasado miércoles que creen que Juana las «buscará » porque las «necesita » . En ese sentido, su aboga reconoció que piensan ya en la «restitución» de los menores, que deberán volver al colegio una vez se acabe el periodo vacacional.