La pesadilla de vivir en Granada a 40 grados sin luz, frigorífico, ascensor ni ventilador

En Norte pasa eso. Continuamente, además. Hay cortes de luz casi a diario y en algunos casos se prolongan muchísimo. «El otro día volvió (la luz) pero duró la cosa diez minutos. Hemos pasado un día y una noche de perros, tenemos al menos 17 horas de corte, y no nos escapamos ni un día», resume una vecina en un mensaje de whatsapp que empezó a circular a principios de julio.

En el barrio se pueden escuchar cientos de testimonios así. Las asociaciones vecinales los corroboran. Es más de una década de lucha y cuesta mucho mantener la esperanza, porque las soluciones no llegan. Pero se sigue reivindicando y protestando. Los cortes de luz son, año tras año, el motivo que más quejas acapara en el informe del Defensor de Ciudadano de Granada.

Se llama Manuel Martín García y de entrada considera que en este asunto «es importante diferenciar y no meter a todos en el mismo saco: Hay personas que pagan su luz y sufren interrupciones; personas en situación de pobreza energética; y personas que hacen un uso ilícito del suministro. Hay que actuar en consecuencia desde las instancias que correspondan. Es decir, contra el fraude hay que actuar, como hay que actuar contra la pobreza energética y dar una solución definitiva, que ya va siendo hora, a los que llevan quince años pagando su luz y sometidos a cortes continuos. Resolver sin mezclar, sin dedicarnos a culpar, estigmatizar o responsabilizar. En lugar de eso: actuar, actuar y actuar», resume.

Martín hace hincapié en que interrupciones en el suministro eléctrico impacta de mil maneras en la salud y bienestar de las familias, pero también ahoga a las empresas, a los pequeños negocios de toda la vida. «Pensemos en una persiana eléctrica de una tienda que no arranca, un teléfono que no suena, un ordenador apagado o un probador a oscuras. Son pérdidas económicas que, si se mantienen en el tiempo, redundan en perjuicio del empleo». Y concluye que es el barrio entero el que paga las consecuencias: «Con cortes de luz, se devalúa y degrada todo... ¿Quién puede y quién quiere vivir en un entorno donde hay apagones continuos? Eso provoca un efecto de huida de población; de deterioro y de degradación de las zonas. Es inhumano», sentencia.

Recuerda perfectamente el apagón de mayo: «Aquella oscuridad vivida nos trajo gran indignación por unas horas, pero aquí hay familias que llevan décadas soportando apagones a lo largo de días, semanas y meses. Europa nos habló de un kit de emergencia con baterías externas, radios a pilas y linternas; un kit que ya tienen muchas familias del distrito desde hace quince años. Es admirable su paciencia y es muy honrado que sigan pagando sus facturas cabalmente».

Concede que en estos años ha habido «avances» pero deja claro que queda muchísimo por hacer. «Seguimos y seguiremos reivindicando mejoras pendientes en distintas materias. Hay que instar a las empresas eléctricas a que inviertan en medidas de protección, inspección, vigilancia y blindaje de sus infraestructuras, así como en la detección precoz a través de contadores y de otras herramientas de Inteligencia Artificial», propone.

Por lo demás, el Defensor del Ciudadano remarca que el de los cortes de luz es «un problema de estado, que se extiende a otros muchos puntos de nuestra geografía» y que para acabar con él hace falta «coordinación» entre todas las instituciones y con la participación de la sociedad civil. «Debemos ir todos a una y asumiendo cada cual sus competencias», concluye.

Endesa es, para los vecinos de Norte, la mala de la película. La empresa suministradora de energía tiene muy claro el asunto. «Somos la punta del iceberg en un problema estructural, porque los cortes no se deben a que falte inversión por nuestra parte ni a que las instalaciones estén obsoletas, sino a un problema de sobrecarga relacionado directamente con el cultivo de marihuana en la zona», explica una portavoz de la empresa, que deja claro que, cuando se produce una sobrecarga, «el apagón es inevitable».

La explicación técnica es la siguiente: hay puntos de generación eléctrica –de ellos se habló en el tan mentado apagón general- y una red que la transporta, que la lleva a la ciudad. Eso se hace en subestaciones eléctricas, instalaciones que transforman la alta tensión en media tensión. Esa media tensión es para uso industrial y, para que llegue a particulares, se recurre a centros de transformación de medición. Así, la media tensión se convierte en baja, llega a las cajas generales de protección de los edificios y de ahí, a los contadores de las viviendas.

En una casa puede producirse una sobrecarga si hay demasiados aparatos eléctricos enchufados a la vez. En ese caso, como una reacción de protección, por emplear un lenguaje anticuado pero que a muchos sonará, saltan los plomos y todo queda a oscuras.

Si esa vivienda no tiene cuadro eléctrico, el siguiente nivel de protección es el contador, que también se desactiva. Si no hay contador, o si lo hay y falla, lo que actúa como protección en caso de sobrecarga es el centro de transformación. En resumen: en caso de problema, se recorre el camino inverso.

«¿Qué ocurre en sitios donde se producen fraudes? Pues que quienes consiguen ilegalmente a la luz se saltan todos esos pasos y se enganchan directamente a la red de Endesa. Cuando se produce una sobrecarga en el centro de transformación, falla. Al haber sobrecarga, se funde el fusible y desconecta la red de baja tensión, edificios enteros. Nosotros no actuamos, es el centro de transformación el que se protege de la sobrecarga, técnicamente es inevitable», resumen desde la suministradora energética.

De hecho, en ocasiones Endesa desvincula de zonas con sobrecarga algunos edificios que requieren especial protección, como un colegio o un centro de salud. E incluso entonces hay problemas porque, cuando saben que hay bastante luz concentrada en un determinado punto, los que cultivan sabotean ese punto. «Cuando hacemos obras de mejora es algo que suele suceder. Es así, no es algo tan sencillo como que tengan luz los que pagan y los demás no», insiste la portavoz.

Endesa resalta que no ha dejado de invertir en la zona. El gasto medio por cliente en Norte es de 1.500 euros al año; en el resto de la ciudad, no excede de los veinte. «Hemos renovado toda la red en baja, hemos triplicado la potencia instalada y hemos tendido nuevas líneas de media tensión, entre otras cosas, pero si metemos más potencia, nos sabotean sistemáticamente. Estamos hablando de organizaciones criminales que actúan así, que aprovechan las circunstancias para meter más plantaciones cada vez que pueden, porque es un negocio muy lucrativo. Y cuando eso sucede, regresa el problema, vuelven los apagones».

La inversión, por tanto, no es una solución definitiva. Y encima pasa factura a los granadinos. Hablar de factura es aquí algo literal: Endesa repercute sus crecientes gastos en el recibo mensual que reciben los usuarios, que se ha incrementado en 69 euros al año.

«La solución definitiva es erradicar la causa que produce el problema, una solución que debe ser colaborativa y transversal porque abarca muchísimos aspectos. Por ejemplo, la defraudación de energía eléctrica apenas conlleva una pena de multa, que los infractores pagan y ya está. Sería una buena medida que el Código Penal fuera menos laxo en esta materia», sugiere, para acabar diciendo que el problema ya no es sólo de Granada. «La mancha se ha extendido a otros puntos de la provincia y a toda Andalucía, porque las plantaciones son un negocio en el que se gana mucho dinero», concluye.

Si los medios de comunicación nos hacemos eco casi a diario de incautaciones masivas en Granada y en el Área Metropolitana, eso no quiere decir que las estén desmantelando todas, sino que cada vez hay más plantas. En lugares como Pinos Puente, un pueblo de casi diez mil habitantes que probablemente el epicentro del cultivo del cannabis en la provincia, hay clanes enraizados, no siempre bien avenidos y a los que se enganchan los más jóvenes casi con entusiasmo. Ven que sus padres y sus tíos se forran y lo tienen claro: quieren dedicarse a eso.

«Queremos trabajar en los camiones», contestan algunos chicos en el colegio cuando les preguntan qué quieren ser de mayores. Los camiones a los que se refieren son los que transportan la mercancía. Aseguran muchos, entre ellos algunos policías y guardias civiles, que la marihuana que sale de Pinos Puente de forma clandestina, se legaliza en algún punto del trayecto, llega a Amsterdam y allí se vende en los famosos coffee-shops de la capital holandesa.