El caso Marchelo, un presunto fraude urbanístico en Granada que arrancó en 2006, cerca de resolverse con acuerdos extrajudiciales

La Sección Primera de la Audiencia ha fijado comparecencias para este martes, miércoles y jueves, un día por cada pieza, en las que ha citado a todas las partes procesales y a los acusados que corresponden a cada una de ellas para la posible obtención de conformidades.

La sesión de este martes se ha centrado en la pieza sobre presuntas irregularidades en el polígono industrial de Marchalendín y se ha materializado la firma de un acuerdo con algunos de los empresarios implicados, pero será mañana cuando se confirme con el resto de investigados en esta pieza, ya que hoy no han acudido. También se espera que se firmen mañana acuerdos de conformidad en la pieza sobre irregularidades en la edificación de la Urbanización Novosur, según precisan las mismas fuentes.

En la sesión del jueves se abordará la pieza sobre las presuntas irregularidades en la construcción de la gasolinera de la Avenida de Andalucía de Alhendín; aunque en esta última no se han acercado posturas hasta el momento y las fuentes consultadas no descartan que vaya a juicio.

En el caso están investigadas más de una decena de personas entre empresarios, técnicos y políticos por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y apropiación indebida.

La Audiencia de Granada ha acordado el archivo del caso para el exalcalde del PP en Alhendín en el momento de los hechos, José Guerrero, de 94 años, «hasta que recobre la salud» después de que su defensa lo solicitara por las «diversas dolencias» que le «impiden» asistir al juicio y que afectan a su «capacidad cognitiva». La Fiscalía solicitaba para él 15 años y 9 de meses de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude en la contratación, prevaricación urbanística y malversación, según consta en su escrito de acusación provisional.

Para el exconcejal de Urbanismo Manuel Fernández Moreno, la Fiscalía solicita 26 años de prisión y multas pos unos cuatro millones de euros. También están acusados otros exediles, técnicos y promotores que presuntamente participaron en estas operaciones urbanísticas.