El decreto de la Junta es «una mala pesadilla» para los constructores

Sin embargo, el decreto de expropiación que ha puesto en marcha el gobierno andaluz «ha caído fatal» en el sector de la construcción. La solución tiene que venir por otra vía ya que «es la alta tasa de paro y las dificultades para acceder al crédito las que están provocando un descenso en la calidad de vida que lleva consigo esos desahucios».

Si bien los constructores y promotores se solidarizan con todas las familias que están siendo desahuciadas consideran que es «un disparate» la puesta en marcha del decreto de la Junta de Andalucía que expropia los pisos vacíos.

Considera Francisco Martínez Cañavate que los incentivos para el alquiler de viviendas de particulares son «una buena medida» aunque duda de la disponibilidad presupuestaria de la Junta de Andalucía porque «si nos atenemos a los planes anteriores de vivienda esa disponibilidad es escasa o nula».

Expropiar el uso de la vivienda dos años a entidades financiera es una medida que los constructores no han querido valorar y donde sí han puesto el acento es en la decisión del Gobierno andaluz de «multar con hasta 9.000 euros a los propietarios de vivienda vacías». Definen esta medida como «claramente recaudatoria». Sólo en Granada habría 50.000 u 80.000 viviendas afectadas y la «preocupación es máxima» ya que están hablando de 700.000 viviendas en Andalucía. El impacto que podría tener en las empresas de construcción es «como si al que vende coches se le sanciona por no vender todos los coches que él hubiera querido».

Entre los constructores ha cundido la preocupación también porque desde la consejería no se ha puesto en contacto con el sector y reconocen que «estamos temblando porque podría hacernos una nueva vía de agua» en la tramitación parlamentaria. Martínez Cañavate destaca también que «los desahucios por ejecución hipotecaria no superaron los 5.168 casos el año pasado en Andalucía. Para atajar ese problema van a sancionar a un sector entero en 700.000 viviendas. Es increíble».

Han anunciado que van a hablar con los partidos para cambiar esta medida que «atenta contra el desarrollo del sector» y advierte que «si se materializa no habrá ningún promotor que quiera invertir un solo euro ni tampoco inversores de ningún sitio. Es criminalizar a un sector que ha generado mucho empleo y ha aportado tasas, tributos, impuestos por licencias que han engrosado las arcas públicas». Destaca el gerente de los constructores granadinos que este decreto de la Junta «son medidas de otra época que atenta al derecho a la propiedad privada» y advierte que «en ningún caso se pueden pasar vivienda sen régimen de venta a alquiler por mero capricho».