El Gobierno oculta el traslado a Andalucía de 567 falsos migrantes adultos en poco más de un año

La teoría indica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el encargado de trasladar a estos colectivos y decidir qué Organización No Gubernamental (ONG) procura su acogida. En el caso más reciente, de los 360 subsaharianos que aterrizaron en dos tandas en el aeropuerto Costa del Sol cada uno de los días de este fin de semana.

Del mismo modo, el protocolo certifica que en estos movimientos humanitarios sólo puede haber personas adultas implicadas. En ningún caso, menores. Entre otras cuestiones porque este asunto es competencia autonómica. Lo razonable es que la Fiscalía certifique la edad a su llegada al país, es decir, a Canarias, y que por tanto pasen a ser atendidos por la Administración insular.

Sin embargo, la realidad subraya perspectivas diferentes. Fuentes de la Junta de Andalucía advierten que no sería descabellado que hubiera jóvenes que aún no tienen los 18 años entre el último grupo de migrantes llegados a la península. Operaciones estatales similares a esta, desarrolladas desde otoño de 2023, han arrojado un recuento de 567 menores que ya son competencia de Andalucía porque en 'origen' no se determinó que todavía eran adolescentes.

Desde la Junta son conscientes de la saturación y de la falta de recursos de los que adolece la Fiscalía en el archipiélago, pero también se muestran incrédulos con que determinadas fisonomías hayan hecho creer al operativo de recepción canario de que se trataba de personas adultas que, por tanto, podían proseguir el itinerario previsto por el Estado.

Así, desde la Consejería de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad recuerdan cómo, aunque lo más frecuente es que sean muchachos de 17 años y unos rasgos relativamente convincentes, en ocasiones han terminado en Andalucía incluso quinceañeros que, claramente, tendrían que haber permanecido en las islas.

Un factor que evidencia el aumento de esta práctica es que la consejera del ramo, Loles López, indicó durante una visita a un centro de acogida de Huelva llevada a cabo el 12 de julio que el total de menores que habían llegado a Andalucía como adultos era de 454. Seis meses después, la cifra ha ascendido en más de 100 personas.

Tener un aviso previo de la llegada de nuevos migrantes es, en este punto, fundamental porque Andalucía tiene de por sí 645 plazas específicas de acogida para menores de edad que están prácticamente cubiertas. De hecho, desde la Consejería aseveran que en 2024 fueron 2.606 menores —2.300, de sexo masculino— los que hicieron uso de esas plazas en algún momento del año, un total muy superior a los 2.226 de 2023.

La Junta teme también que la saturación se replique en el servicio de atención a la mayoría de edad, pues el acompañamiento se debe realizar hasta los 25 años, salvo que el joven busque otro camino. Este sistema se encuentra al 80% de su capacidad.

El mutismo estatal podría deberse a que, como ya se ha dicho, el Reglamento de Extranjería -precisamente modificado a mediados de noviembre-, vuelca en el Ministerio la responsabilidad de la acogida y manutención de los migrantes adultos.

Sin ir más lejos, el 2 de enero se hacía pública la puesta a disposición del hotel Ele Andarax de Aguadulce para acoger a otras 100 personas provenientes de la zona central de África. Fue una muestra más de que la red de alojamientos es amplia y funciona de manera temporal, como ya se vio a lo largo del pasado verano con el uso de los hoteles Alegría -en el Toyo- o Ejidohotel -ambos en la provincia almeriense-.

No obstante, desde el Ejecutivo regional recuerdan que el cuidado de las personas trasciende la mera cuestión alojativa, pues entronca por ejemplo con la sanidad, que sí que es competencia autonómica.

Este es otro de los motivos por los que, aseguran, es preciso contar con indicaciones de los planes migratorios del Estado, especialmente cuando son centenares de personas las que llegan de golpe a Andalucía, a las que habría que atender convenientemente si presentan problemas de salud previos o los desarrollan durante su estancia.

Las fuentes de la Junta consultadas por este periódico recalcan que la opacidad del Gobierno nacional puede seguir una estrategia política, la de buscar generar una imagen de región contraria a la inmigración basada en estos 'reproches' andaluces a las incomunicación del Ministerio.

En ese sentido niegan la mayor, pues lo que afean es el constante oscurantismo, que no les permite margen de actuación, no el hecho en sí de hacerse cargo de personas por razones humanitarias.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado en diversas comparecencias su apuesta sin ambages por atender a los migrantes.

Lo hizo, por ejemplo, como uno de los ejes de su discurso de Navidad cuando lanzó la pregunta retórica de si «¿hay alguien que ante este drama pueda mirar para otro lado». Incluso este trasfondo le ha llevado a enfrentamientos directos con el grupo parlamentario de Vox.

En la sesión de control al Gobierno del último verano, reprochó a la formación verde que utilizasen «de una manera sangrante la migración para conseguir que sea un problema» y que trasladasen a la sociedad que «todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes».

Sí que es cierto que el dirigente andaluz ha sido tajante con Sánchez en cuanto a su petición de una política migratoria de Estado y en su aspiración, de cara a la Unión Europea, de que Andalucía pase a ser considerada Frontera Sur de Europa -como ya lo son Canarias, Ceuta y Melilla-. Esto brindaría más recursos y dotaciones para afrontar este fenómeno incontenible.

A este respecto de la colaboración y sensibilidad con la cuestión migratoria, habría que recordar cómo Andalucía cumple con diligencia y ligereza con el compromiso de acogida de menores trasladados desde Ceuta. La Conferencia Sectorial marca un total de 30 acogidas -con una financiación nacional de 1,6 millones de euros-, si bien en los últimos años se ha llegado a ampliar a 36.

De hecho, Andalucía ha sido tradicionalmente de las primeras comunidades en cumplir el acuerdo, aunque precisamente no sobrasen plazas específicas.