Gobierno y Junta de Andalucía negocian un nuevo ajuste del decreto de simplificación por un conflicto de competencias

En este caso, el punto de desencuentro es el artículo 117 que modifica la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del territorio en Andalucía. En este artículo se establece un supuesto de declaración responsable que afectaría a los «movimientos de tierra y explanaciones de suelo urbano que no se encuentren en zonas arqueológicas o de servidumbre arqueológica y que sean independientes de proyectos de urbanización, edificación o construcción». El Estado considera, y así lo ha trasladado a la comisión bilateral, que se trata de un planteamiento incompatible con el marco legislativo estatal al no hacer diferencia entre si los suelos son urbanos o urbanizables. Por este motivo, se trabaja entre ambas administraciones en un acuerdo con la modificación que evite un recurso de inconstitucionalidad.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía mantienen esta negociación en el marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones donde se han resuelto hasta ahora la mayoría de los desencuentros por invasiones de competencias sin llegar a un recurso ante el Tribunal Constitucional. Así ha ocurrido en 14 de los 16 supuestos que se han planteado hasta ahora. En los otros dos el Gobierno de España decidió no presentar el recurso en cualquier caso. En esta legislatura, el Gobierno andaluz sí ha formulado dos recursos de inconstitucionalidad contra medidas del Gobierno de España: el primero contra la el Impuesto contra las Grandes Fortunas que fue desestimado y el segundo contra la Ley de Vivienda cuya resolución se decide precisamente esta semana.

«Tras analizarlo el Gobierno de España sólo nos ha pedido que negociemos un artículo del conjunto de normativas afectadas por el decreto de simplificación y estamos convencidos de que vamos a llegar a un acuerdo», apuntó el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, quien incidió en la convicción del Gobierno andaluz de que se trata de un decreto plenamente «constitucional». Tanto el portavoz como Antonio Sanz restaron importancia a esta negociación abierta y subrayaron que muestra la «legalidad» de la norma dado que de todo el articulado el Ejecutivo central sólo ha planteado reparos en un punto y de carácter menor.

La lectura del PSOE es completamente distinta. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha liderado hoy en el Senado la firma de los 50 senadores del recurso de amparo de inconstitucionalidad. Esta iniciativa se centra en «motivos de forma y de fondo» y vendrá acompañado de una Proposición no de ley para que se limite en el Gobierno andaluz el uso de la figura de los decretos ley que suponen una limitación en cuanto a la tramitación en la participación.

«Es una chapuza desde el punto de vista jurídico, un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno en el que no se da el requisito de extraordinaria y urgente necesidad. Se ha llevado año y medio para aprobarlo desde que en septiembre fue anunciado. Ha sido una forma de despreciar al Parlamento andaluz y de imponer su criterio de mayoría absoluta», lamentó el portavoz adjunto Josele Aguilar, quien cifró en 29 los decretos leyes aprobados hasta el momento por la Junta de Andalucía. Desde el Gobierno andaluz responden a esta crítica: El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha aprobado 145.

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