El Gobierno deja a los colegios de Andalucía sin personal de apoyo bilingüe

El resultado es que la Inspección de Trabajo ha multado a la Junta con cinco millones de euros por considerar que los estudiantes extranjeros integrados en esta iniciativa de refuerzo del bilingüismo en los colegios públicos de Sevilla durante el curso pasado vulneraban la ley, ya que no estaban dados de alta en la Seguridad Social como empleados sino que figuraban como personal de apoyo.

Noticia Relacionada

Las aulas de Andalucía pierden 18.000 alumnos cada curso escolar

Rafael Aguilar

Lo llamativo es que quien tiene que correr con el peso de la sanción es la Administración autonómica, que ejerce un papel secundario dentro un Programa de Auxiliares liderado por Gobierno central a través de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación, que son quienes planifican, aprueban y fijan sus condiciones básicas.

Además, los alumnos foráneos que se adhieren a este proyecto, seleccionados por el Ejecutivo con sede en Madrid, prestan sus servicios de acuerdo a un mismo marco legal y retributivo en toda España. Los jóvenes, en su mayoría norteamericanos, operan como estudiantes y no como trabajadores afiliados a la Seguridad Social en cualquier lugar del país porque así lo decidió el Gobierno cuando arrancó el programa a comienzos de este siglo, pero ha sido aquí, en Andalucía, donde el Ministerio de Yolanda Díaz ha girado una inspección y ha ordenado una multa.

La conclusión es que la Consejería de Desarrollo Educativo se ha visto obligada a suspender las sesiones de apoyo lingüísticas en toda la región en el curso que empieza el próximo 10 de septiembre, porque considera inasumible la exigencia de Trabajo de que dé de alta a los auxiliares de conversación con plaza en la región y, al tiempo, se siente agraviada con el resto de las comunidades autónomas, que sí podrán mantener el dispositivo sin que sus protagonistas tengan que cambiar el estatus de estudiantes a fuerza laboral reglada.

Las fuentes oficiales de la Consejería de Desarrollo Educativo consultadas por ABC apuntan otra desigualdad más. De cara al ciclo académico 2025-2026, los auxiliares de conversación previstos en Andalucía eran de 1.806, de los cuales 1.660 iban a recibir su salario —de unos 800 euros mensuales— de fondos de la Junta y 146 de los correspondientes al Ministerio de Educación.

Se da la circunstancia de que la Inspección de Trabajo, de acuerdo al relato de los citados interlocutores de Desarrollo Educativo, ordena que los estudiantes de apoyo que tendrían a la Junta por pagador sí estén dados de alta en la Seguridad Social, pero exime de esa misma condición a los que percibirían sus emolumentos del Ejecutivo central.

La propia consejera del ramo, María del Carmen Castillo Mena, le envió una carta a la ministra de Educación, Pilar Alegría (PSOE), a mediados del pasado mayo, al poco de la sanción de Inspección de Trabajo, en la que le mostraba su sorpresa por lo sucedido.

En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, Castillo expone que «es un hecho incuestionable que es su Ministerio, junto con el competente en materia de asuntos exteriores, quien gestiona la entrada en España y, por tanto, en territorio comunitario, de estas personas [en referencia a los estudiantes de apoyo], por lo que cualquier responsabilidad en materia de extranjería, de haberla, no sería en ningún caso de esta comunidad autónoma, sino del Gobierno de España».

A renglón seguido, la consejera muestra su disposición a reactivar el proyecto pero insiste en las dificultades que existen: «Le traslado —señala a la ministra— la voluntad de esta Consejería de firmar la adhesión al programa de Auxiliares de Conversación para el curso 2025-2026 cuando se cumplan las garantías suficientes para la indemnidad de los intereses de la comunidad autónoma». Aún no se dan esas circunstancias, así que todo ha quedado en suspenso.

Al mes de la citada carta de María del Carmen Castillo a Pilar Alegría, la Delegación territorial de Desarrollo Educativo en Sevilla, sujeto de la sanción por valor de cinco millones de euros, le remitió un escrito de alegaciones a la Inspección de Trabajo.

El documento, de veintiséis páginas, recalca en que «las comunidades autónomas no intervienen durante la tramitación del procedimiento de selección del personal [a apoyo a la conversación] ni tienen potestad para decidir al margen de las condiciones establecidas por el Ministerio, ya que las bases de colaboración vienen impuestas unilateralmente por el Ministerio». La Junta asegura que aún no ha recibido respuesta a sus alegaciones.