Los funcionarios andaluces tendrán evaluaciones periódicas para medir la calidad de su trabajo

La evaluación del trabajos de los empleados públicos no tendrá solo fines estadísticos. También acarreará consecuencias para los examinados. Para bien pero también para mal. En lo positivo, quienes tengan informes a su favor podrán tener complementos económicos por su desempeño, señala la norma andaluza. Además, esa buena nota por su trabajo será «condición necesaria» para ascender «en los diferentes tramos de la cerrera horizontal».

Es decir, sin un informe positivo del desempeño, los empleados públicos tendrán vetado tanto los complementos salariales vinculados a esta cuestión como los traslados. Además, en la medida de lo posible y siempre tras una negociación con los sindicatos que representan a los funcionarios andaluces, la evaluación positiva puede ser requisito para que el tiempo de servicio se considere como mérito en un proceso selectivo «y de provisión», establece la nueva Ley de Función Pública.

¿Y en lo negativo? Pues puede llegar a la pérdida del puesto —pero no del trabajo—. Es en un caso muy concreto, sin embargo. Según detalla la Ley de Función Pública, si un funcionario tiene «tres o más resultados negativos y consecutivos», podrá dar lugar «a la remoción del puesto obtenido por concurso» siempre «previa audiencia de la persona interesada» y tras «resolución motivada» de la decisión.

El sistema de evaluación quiere medir, según la norma andaluza, «el grado de interés, la iniciativa, la aptitud y la actitud» con los que el empleado público hace su trabajo. No solo busca analizar si está bien o mal hecho, también la labor del funcionario en su puesto.

También se mide en el desempeño la acreditación de competencias «a través de la actualización y perfeccionamiento de la cualificación profesional. La Junta también quiere calificar el logro de objetivos de sus empleados así como su participación en «procesos de innovación y formativos, proyectos institucionales y de buenas prácticas en favor de la excelencia y la normalización y racionalización de procesos, y en procesos de gestión y generación de nuevo conocimiento para la mejora de la organización y gestión administrativas».

Aunque exigente, la evaluación de los empleados públicos de la Junta no podrá ser ni aleatoria ni opaca. De hecho, la ley establece que los procesos de medición de buenas prácticas de los funcionarios tienen que ser «transparentes» y con acceso público y constante de «la información sobre los criterios, el procedimiento y los efectos de la evaluación» que siempre se realizará «bajo los principios de imparcialidad y objetividad».

La nueva ley andaluza que regula el trabajo de los empleados públicos contempla la implantación del teletrabajo en todos los puestos en los que sea posible. Pero, matiza la norma, optar por esta forma de desempeño no será nunca automática ni solo por elección del trabajador. Tendrá que ser autorizado de forma expresa por su superior.

Además, la Ley de Función Pública establece que el teletrabajo solo se podrá adoptar cuando el puesto lo permita y «siempre que las necesidades del servicio» lo hagan posible. En todo caso, y cuando se concede, la Junta se hará cargo de dar los medios al empleado para que haga su labor de forma remota, establece la ley.

La Ley de Función Pública recoge en su articulado una disposición adicional que supone una nueva puerta para que los más de mil interinos que, tras décadas en algunos casos trabajando para la Administración andaluza vieron no consiguieron consolidar su plaza, puedan quedarse en la Junta. Así, la norma establece que el Gobierno andaluz puede convocar procesos de estabilización extraordinarios que, cumpliendo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, les permita consolidar su puesto.