El fiscal acusa al exalcalde socialista de Lebrija enchufado en la Faffe: «Estaba en su casa cobrando un sueldo público sin trabajar»

Villén está acusado en su caso como presunto autor de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por enchufar al exregidor como directivo en la entidad dependiente de la Junta de Andalucía, mientras que Torres está procesado como cooperador necesario de dichos hechos criminales.

Durante la vista oral, en la que las partes han expuesto ante el tribunal las cuestiones previas al proceso, el fiscal Fernando Soto ha destacado que Torres García, «estando en su casa cobraba» un sueldo público «sin trabajar». En concreto, la fundación pública dedicada a impartir cursos de formación para desempleados y trabajadores andaluces le pagaba 46.750 euros al año por un trabajo sin contenido alguno, según la investigación judicial.

En el juicio, el representante del Ministerio Público ha argumentado que en la contratación «ilegal» de Antonio Torres García por parte de la Faffe, en la etapa de gobierno del PSOE, concurren «perfiles y datos propios que lo hacen distinto de los miles de ciudadanos andaluces que trabajan» en las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía. Ha añadido que «no es razonable» considerar que su acceso al empleo público fuera «igual al del resto de españoles y andaluces» y tampoco su permanencia en el puesto de trabajo, dado que «el señor Torres estaba en su casa cobrando» entre los años 2003 y 2011, sin acudir a la oficina de la entidad pública.

El fiscal rebatía de este modo a la cuestión previa planteada por el abogado de Torres García, Pablo Ollero, quien ha defendido en la sala que su cliente ha sufrido la vulneración de un derecho fundamental. En concreto, ha manifestado que ha recibido una desigualdad en el trato por su «participación política», ya que está siendo acusado por haber accedido a un empleo público debido a su pertenencia al PSOE, a diferencia de otros andaluces que también trabajan o han trabajado en el sector público andaluz.

Durante la exposición de los motivos para invalidar este proceso, el letrado del exalcalde socialista ha recordado que en un atestado entregado a mediados de 2015 al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la macrocausa de supuesta corrupción de la Faffe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtió vínculos políticos y sindicales en 200 empleados de la fundación pública.

Pero, «casualmente» sólo se han abierto piezas separadas contra el ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez Francisco Camas, el exalcalde de la localidad sevillana de Montellano Francisco Aguilera y contra el exregidor lebrijano, todos ellos pertenecientes al PSOE, que han sufrido una «pena de banquillo prolongadísima», ha asegurado la defensa de Torres García. Lo que subyace es que «cualquier militante de un partido debe tener más cuidado si pretende acceder a un empleo público», ha agregado.

Tanto el antiguo edil socialista jerezano como el exregidor de Montellano han eludido un juicio porque el delito de prevaricación, por el que ambos estaban acusados, habría prescrito, como ha alegado el Ministerio Público en dichas piezas separadas del sumario. El fiscal ha apuntado que la gran diferencia entre el exalcalde de Montellano y el de Lebrija es que el primero «sí acude a su puesto de trabajo con mayor o menor rendimiento», aunque ha recordado que compañeros suyos decían que se dedicaba a «dormir» y a leer la prensa durante su jornada laboral. En cambio, «el señor Torres no acudía a su puesto, estaba en su casa cobrando».

En el caso del exregidor socialista hubo «una contratación ficticia y la percepción de emolumentos de manera fraudulenta, sin trabajar», ha subrayado el fiscal Fernando Soto, que ha rechazado el argumento expuesto por el letrado del exalcalde de Lebrija. «Los políticos deben cumplir los requisitos de acceso a la función pública», como el resto de ciudadanos, ha apostillado el representante del Ministerio Fiscal, durante la vista oral.

El abogado Pablo Ollero también ha planteado una vulneración del derecho de su cliente a la tutela judicial efectiva alegando que la división del caso Faffe en piezas separadas ha impedido «conocer la génesis de la instrucción y la causa última de su imputación». Tanto él como el abogado que defiende a Fernando Villén han cuestionado las acusaciones vertidas en los atestados de la Guardia Civil contra los dos antiguos responsables de la Faffe y han denunciado que se ha abierto una investigación «prospectiva» o causa general contra ellos, haciéndose eco de publicaciones en la prensa sobre casos de enchufismo.

Adolfo Cuéllar, el letrado de Villén, ha señalado que «nunca» debió abrirse un proceso penal por las contrataciones de personal en la entidad de la Junta de Andalucía.

Al término de la exposición de las cuestiones previas, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado ponente José Manuel Holgado Merino, ha asegurado que va a analizar las supuestas vulneraciones de derechos planteadas y que dará una respuesta cuando dicte la sentencia. 

En la jornada preliminar del juicio, el tribunal también ha aceptado la incorporación al proceso de pruebas documentales y declaraciones de testigos solicitadas por las partes: la Fiscalía, el Partido Popular, las defensas y la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía.

Antonio Torres perdió las elecciones municipales del 25 de mayo de 2003. Un mes después fue enchufado en un puesto directivo de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación de Empleo (Faffe), dependiente de la Junta de Andalucía. Cobraba 46.750 euros anuales por un puesto «sin contenido», creado expresamente para él por el director general de la entidad autonómica, Fernando Villén, que también fue secretario de Empleo del PSOE andaluz. Carecía de formación suficiente para ocupar el puesto y ni siquiera desempeñaba trabajo alguno, según el auto que determinó su procesamiento.

Desde este jueves, ambos ex directivos se sientan delante de un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla en un juicio donde están acusados de supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Se trata de una pieza separada de la macrocausa de la Faffe centrada en un caso de enchufismo en la Administración autonómica en la etapa de gobierno socialista.

El exregidor del PSOE en Lebrija percibió «emolumentos, prestaciones y salarios» por un importe total de 491.203 euros entre 2003 y 2011, «sin que conste que trabajara realmente, disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social», según el auto de procesamiento dictado por el juez instructor José Ignacio Vilaplana en octubre de 2020.

El irregular contrato le permitió integrarse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como empleado público –tras la extinción de la Faffe en mayo de 2011–, «sin más mérito que su afinidad y vinculación personal y política» con el ex director general técnico de dicha fundación, que también ha condenado por pagar servicios en prostíbulos con dinero público en otra pieza de la macrocausa de Faffe, relataba el magistrado que investigó el contrato.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación para Fernando Villén, mientras que para el ex alcalde de Lebrija ha pedido dos años y medio de cárcel y cuatro años de inhabilitación como «cooperador necesario» de prevaricación y malversación.

Torres García había venido desempeñando el cargo de alcalde de Lebrija desde las primeras elecciones autonómicas por el PSOE. Después de 24 años como regidor, Torres perdió la Alcaldía lebrijana, «lo que habría determinado su contratación en la Faffe», pese a que «carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional», argumentaba el auto de procesamiento.

Según el relato del fiscal Anticorrupción Fernando Soto en su escrito de acusación, Antonio Torres acudió «directamente» a Villén «pidiendo trabajo y éste accedió, con la excusa de lograr fondos y financiación de distintas administraciones» para la fundación autonómica. «Punto este innecesario, pues la Faffe venía siendo financiada con numerosas subvenciones a la formación con una ingente cantidad de dinero público», añade el Ministerio Público.

Entre 2003 y 2011, durante los ocho años que estuvo activa, la Faffe recibió más de 300 millones de euros a través de distintas subvenciones, en su mayoría para dar cursos de formación a parados y trabajadores en Andalucía.

El exalcalde de Lebrija fue colocado en la fundación autonómica «a instancia» del entonces director general «por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar», detalló el magistrado.

Su contrato se realizó, por tanto, «de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación a los que la Faffe debía ajustarse, sin concurrencia alguna de otros posibles candidatos al puesto y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad», precisó el juez.