Las empresas catalanas bendicen el modelo andaluz de rebaja de impuestos

No es el único que apoya la supresión del tributo que grava los grandes patrimonios. Josep Ginesta, secretario general de Pimec –la patronal más representativa de las pequeñas y medianas empresas y autónomos de Cataluña–, también ha apoyado la eliminación de «un impuesto que penaliza la inversión y también dificulta la continuidad empresarial» y pide al Govern catalán propuestas en la misma dirección. Y en la agenda de Juanma Moreno figura un encuentro con el Círculo de Economía, el 'lobby' empresarial más influyente de Cataluña.

El día anterior, el presidente andaluz había apelado de manera expresa a los empresarios catalanes para establecer sus domicilios fiscales en esta comunidad aprovechando el viento a favor de las rebajas de impuestos, en un clima de mayor seguridad jurídica y estabilidad de la que ofrece Cataluña tras el referéndum ilegal de independencia de 2017. «Aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de sucesiones y donaciones e impuesto de patrimonio y aquí no», proclamó Moreno.

El guiño del 'barón' regional del PP hacia los empresarios catalanes no se va a quedar en un mero gesto. Va a venir acompañado de un desembarco de la Junta de Andalucía en Barcelona.

El Gobierno regional está preparando la apertura de una oficina en la ciudad condal con el objetivo de atraer inversiones desde Cataluña a Andalucía, una iniciativa que ya venía madurando desde septiembre de 2020 aunque no se va a poner en marcha hasta esta legislatura, en medio del ambiente de hostilidad que la supresión del tributo, que ya eliminó la Comunidad de Madrid, ha generado en el Govern catalán de Pere Aragonès (ERC), gobernado por los aliados parlamentarios del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Por cosas como esta es por la que algunos queremos irnos de España lo antes posible. Si viviéramos en un Estado donde los territorios tuvieran vocación genuina de colaborar o diseñar un sistema fiscal justo, no habríamos llegado donde hemos llegado», aseguró ayer indignado el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, firme defensor de la independencia.

La Junta de Andalucía ya cuenta con delegaciones en Bruselas y Madrid, pero a diferencia de éstas, la oficina catalana tendrá un enfoque más económico que político, aunque contará también con un responsable institucional nombrado por el Consejo de Gobierno, tal y como recoge el decreto de estructura de la Consejería de la Presidencia.

El presidente andaluz ha dado orden de buscar a un bufete de abogados para que se encargue de vender las bondades del sistema fiscal andaluz, su estabilidad y seguridad jurídica, con el objetivo de que las empresas se instalen en Andalucía. La idea es convertir a la comunidad en un «valor refugio» en tiempos de incertidumbre.

Con su plan de rebajas fiscales, que será convalidado en el Parlamento andaluz el próximo miércoles, Moreno ha situado en el centro del debate nacional la cuestión de la bajada de impuestos –la «revolución fiscal» la llama– y ha hecho que el Gobierno de Sánchez movilice a toda su artillería pesada para contrarrestarlo por tierra, mar, aire y tuit. «Me gusta que Andalucía haya liderado el debate de la bajada de impuestos», se ufanaba ayer en la firma del decreto ley, que también incluye una rebaja en la escala autonómica del IRPF y la eliminación del canon del agua durante el próximo año. La portavoz socialista, Ángeles Férriz, se mostraba menos indulgente y caricaturizaba la reforma fiscal como «la paguita de Juanma a los 'cayetanos'». «Queremos atraer a los defraudadores que se han ido fuera de Andalucía para no pagar impuestos», criticó.

Pero en la batalla ideológica, el dirigente andaluz va ganando de momento la partida entre los empresarios. Sánchez Llibre, en contra de la opinión del Ejecutivo central, dejaba claro que el camino correcto es el modelo de Moreno: «Si hay que armonizar, hay que armonizar a la baja, como han hecho Andalucía y Madrid», aseguraba en una entrevista en TVE, aunque cuestionaba la apelación del presidente a la empresa catalana: «No hace falta buscar un conflicto territorial, ya suficientes problemas tenemos».

Los datos de recaudación parecen avalar la ecuación a la que apela la Junta: menos impuestos, más contribuyentes. En 2020, 16.785 contribuyentes pagaron 93 millones de euros por el impuesto de patrimonio. En la declaración de 2021, la recaudación por este tributo creció hasta los 120 millones y los contribuyentes con un patrimonio medio de tres millones de euros aumentaron hasta los 20.661, según datos del Ministerio de Hacienda.