Educación exige al Gobierno de España que acabe con «el agravio» de los auxiliares de conversación y los retome en Andalucía

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Rafael Aguilar

Señala en un informe que los auxiliares de conversación son «embajadores culturales» y no necesitan el alta laboral, lo mismo que el Ministerio de Educación en otro dictamen

En la sesión de control al Gobierno regional celebrada este jueves en el Parlamento andaluz, la consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen del Castillo, ha reclamado al Ejecutivo central, y en respuesta a una pregunta del grupo del PP, «que solucione la falta de coordinación existente entre los Ministerios de Educación y Asuntos Exteriores y el de Trabajo en lo relativo al programa de auxiliares de conversación, para que el Gobierno andaluz pueda retomar su aplicación con todas las garantías necesarias».

Durante su participación en la mañana de hoy en el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha explicado que esta circunstancia supone «un agravio» para la comunidad educativa andaluza, pues los auxiliares son considerados estudiantes becados en toda España.

Tal y como recuerda la Junta, «el Ministerio de Educación es el responsable de diseñar el programa, convocar y seleccionar a los auxiliares y determinar el número asignado a cada comunidad autónoma; por su parte, las comunidades, como Andalucía, asumen la mayor parte de la financiación y no intervienen en la selección de los participantes, ni tienen capacidad de decisión sobre las bases del programa».

Además, es el Ministerio de Educación es el que determina las condiciones con las que los auxiliares de conversación participan en la Administración autonómica, «donde prestan su colaboración con un visado de estudiante, sin ninguna relación laboral con la administración que los acoge y por ello no reciben un salario, sino una subvención».

Como ha publicado ABC, la Inspección de Trabajo se ha extralimitado al imponerle a la Junta de Andalucía una multa de cinco millones de euros por no tener dados de alta en la Seguridad Social a los jóvenes extranjeros que el pasado curso participaban en el Programa de Auxiliares de Conversación en la provincia de Sevilla, y que en la práctica ha provocado que todos los colegios públicos de la comunidad autónoma se queden sin esta prestación para el refuerzo del bilingüismo y del intercambio cultural en el ciclo académico que arranca este 10 de septiembre.

Sendos informes de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre la naturaleza jurídica de este personal de apoyo en las aulas, a los que ha tenido acceso ABC, coinciden en que es un error de libro tratarlos como si fueran empleados, porque su carácter está más cerca del voluntariado y de la misión de unos «embajadores culturales»

Este programa estatal permite a estudiantes extranjeros colaborar en los centros educativos españoles, reforzando el aprendizaje oral del alumnado, impulsando la motivación por el estudio de idiomas y acercando al aula la cultura, costumbres y tradiciones de sus países de origen y al mismo tiempo, los auxiliares perfeccionan su conocimiento del español, lo que contribuye a su desarrollo profesional y la difusión internacional de nuestra lengua y cultura.

Desde el curso 2006-2007, «Andalucía ha participado en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades autónomas, consolidando este programa como un pilar fundamental para la internacionalización educativa y la mejora de las competencias lingüísticas y culturales de nuestro alumnado».

Para el curso 2025-2026, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional había previsto la incorporación de 1.806 auxiliares de conversación en los institutos públicos andaluces. Durante su intervención en la Cámara autonómica, María de Carmen Castillo ha dicho que «es urgente que el Gobierno central busque una solución que permita a Andalucía participar en el programa de auxiliares de conversación con todas las garantías».