La Abogacía del Estado desautoriza la sanción de Trabajo a la Junta de Andalucía por el personal de apoyo bilingüe

Sendos informes de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sobre la naturaleza jurídica de este personal de apoyo en las aulas, a los que ha tenido acceso ABC, coinciden en que es un error de libro tratarlos como si fueran empleados, porque su carácter está más cerca del voluntariado y de la misión de unos «embajadores culturales» (sic).

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Rafael Aguilar

El documento emitido por Educación está fechado a finales de febrero de 2024, más de un año antes de que Trabajo eligiera la provincia hispalense —y solo la provincia hispalense en todo en territorio nacional— para poner el foco sobre el desarrollo del programa en cuestión, que depende directamente del Gobierno y en el que las comunidades autónomas juegan un papel secundario.

El dictamen de la Abogacía del Estado es más reciente: data de este 21 de julio, y su redacción responde a una consulta de la Administración regional tras conocer la sanción citada. «El Programa de Auxiliares de Conversación es una iniciativa de primordial carácter cultural con evidente proyección internacional que promueve el intercambio lingüístico y cultural entre España y otros países: su objetivo principal no es, ni mucho menos, una prestación de servicios en el sector educativo», señala el órgano dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del está al frente Félix Bolaños (PSOE).

Añade la Abogacía del Estado en su escrito, que lleva el título de 'Nota sobre la naturaleza jurídica de la relación que se deriva el programa de auxiliares de conversación extranjeros en España': «Los auxiliares no trabajan para un centro escolar, no trabajan para la Administración educativa: su relación se deriva de vínculos con Estados y organismos internacionales y se fundamenta en el principio de reciprocidad, propio del Derecho Internacional Público».

Y remata: «La relación de los auxiliares no tiene tintes laborales: se parece más a una de carácter voluntario, considerando principalmente el objetivo de esta figura más cercana a una suerte de 'embajador cultural' y no la prestación de unos servicios a cambio de una retribución». Es más, ellos no tienen un contrato de trabajo, sino una carta de nombramiento.

El criterio del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en manos de Sumar, es distinto, opuesto. La multa de la Inspección por valor de cinco millones a la Junta, que la ha recurrido, se fundamenta en que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional —y no el Gobierno central, que es promotor del programa— ha cometido «una infracción muy grave en materia de extranjería por incorporar a territorio de la Unión Europea a trabajadores extracomunitarios», pues la gran mayoría de los auxiliares proceden de los Estados Unidos de Norteamérica.

¿Por qué multa la Inspección de Trabajo a la Junta por no tenerlos dados de alta y no carga solo, o también, contra el Gobierno, promotor de la iniciativa para el refuerzo del bilingüísmo? No hay quien lo entienda con los informes de la Abogacía del Estado y de Educación, dirigido por el PSOE, en las manos. Este último hace hincapié en que se trata de un proyecto de ámbito nacional gestionado por el Gobierno desde 1936 y que cuenta con la colaboración de más de treinta países.

«El programa en enmarca en los vínculos bilaterales con los estados, a nivel nacional, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y no en una relación de las comunidades autónomas con esos estados», dice el documento redactado por el equipo de la ministra Pilar Alegría (PSOE).

Es más, la selección anual de participantes en la iniciativa es ajena a los gobiernos regionales, indica el texto de Educación, «se lleva a cabo en el seno de las subcomisiones mixtas bilaterales en las que participan técnicos de ambos países; no existe una entrevista ni una participación en el proceso por parte de las comunidades autónomas ni de los centros docentes».

Los dos documentos que ponen contra las cuerdas a la Inspección de Trabajo hacen hincapié en otra cuestión que desarma los argumentos que esgrime el Ministerio de Yolanda Díaz para sancionar a la Administración autonómica. Es el siguiente: para que un sujeto adquiera la condición de empleado tiene que recibir un salario, y el personal de apoyo a la conversación no lo disfruta. La nota de la Abogacía del Estado lo dice de un modo nítido: «No existe una compensación económica a cambio de los servicios prestados».

¿Y por qué? «Porque las convocatorias anuales prevén un abono de ochocientos euros para la compensación por los gastos de alojamiento y manutención», explica el alto órgano jurídico. En otras palabras, ese dinero no es un salario, sino una subvención. ¿Quién lo paga? En principio, la norma marca que lo abone el Gobierno central, pero si una comunidad autónoma pide un aumento de la cuota de auxiliares ha de hacerse cargo de ese montante financiero. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía hasta el curso pasado.

La Consejería de Desarrollo Educativo asegura que la Inspección de Trabajo, además de permitir que el programa funcione en el resto de España sin exigir a sus titulares estar dados de alta en la Seguridad Social, sólo pide que se registren como empleados reglados a los jóvenes foráneos que sostiene la Junta, y no a los que forman parte de la misma iniciativa pero reciben sus ochocientos euros del Ejecutivo con sede en Madrid.