Veterinarios de Córdoba realizan un paro para protestar contra la nueva ley del medicamento

La entrada en vigor, el 2 de enero, del RD 666/2023 ha motivado el malestar entre los profesionales. Dicha orden regula la obligación de comunicar a través del sistema informático Presvet las recetas de antibióticos.

En este sentido, los veterinarios cordobeses solicitan la reforma de la normativa andaluza, «con el fin de eliminar la actual limitación de suministro de los botiquines veterinarios, de modo que los animales de los andaluces puedan recibir en los centros sanitarios veterinarios los tratamientos que necesiten sin demora».

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Igualmente, piden la eliminación de la incompatibilidad entre prescripción y venta del medicamento al facultativo veterinario, «en igualdad con el resto de países comunitarios y tal como reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de que se eviten demoras en tratamientos, se prevengan las automedicaciones y se luche más eficazmente contra las resistencias a los antibióticos».

Por otro lado, los veterinarios consideran que la obligación de comunicar la prescripción y uso de antibióticos en el sistema Presvet «acarrea una excesiva burocracia y una desmesurada fiscalización, con sanciones millonarias a unos profesionales que hacen muy bien su trabajo».

Además de poner en duda el trabajo diario de dichos profesionales, «se impone la prescripción de ciertos medicamentos y se atenta contra nuestro código deontológico, impidiendo que podamos ofrecer una garantía de bienestar animal y reales garantías para la preservación de la salud pública», denuncian.

Este paro, convocado en toda España, se llevará a cabo a las 11.00 horas, cuando centros veterinarios de Valladolid y provincia cerrarán sus puertas durante una hora para «denunciar las restricciones impuestas» por el Real Decreto 666/2023, que limitan la prescripción de medicamentos veterinarios.

En este sentido, Avemvall ha lamentado que este Real Decreto impone «restricciones desproporcionadas» en la prescripción de antibióticos para animales de compañía, lo que «impide a los veterinarios actuar según su criterio clínico».

Además, la implantación del sistema Presvet genera «una carga burocrática excesiva y retrasa tratamientos críticos», ha señalado, para defender que el Reglamento Europeo 2019/6 «permite que los veterinarios dispensen medicamentos y diferencia claramente entre fármacos de uso humano y veterinario».

Sin embargo, la legislación nacional «impone restricciones injustificadas que penalizan a la profesión sin aportar beneficios reales en la lucha contra la resistencia a los antibióticos», ha continuado, para precisar que el mercado de antibióticos para animales de compañía representa solo el 0,08 por ciento del total farmacéutico.

En concreto, los veterinarios de Valladolid han advertido de que la nueva norma «introduce barreras que afectan al bienestar animal y dificultan la atención veterinaria», como el registro obligatorio en Presvet, que «aumenta la burocracia y retrasa tratamientos»; las «restricciones arbitrarias en la administración de antibióticos, sin base clínica suficiente», o un «régimen sancionador desproporcionado, que penaliza a los veterinarios en lugar de mejorar el control».

Además, la normativa «ignora el papel esencial de los animales de compañía en el bienestar emocional y mental de las personas, especialmente en situaciones de soledad y envejecimiento», ha agregado.

Por otro lado, Avemvall ha denunciado que los servicios veterinarios siguen gravados con un 21 por ciento de IVA, «a pesar de que la legislación civil reconoce a los animales como seres sintientes».

«Esta carga impositiva encarece el acceso a la atención veterinaria, afectando tanto a los propietarios como al bienestar de los animales», ha criticado, para señalar que es «imprescindible reducir el IVA de los servicios veterinarios para equipararlo al de otras profesiones sanitarias».

De este modo, la asociación ha exigido uan «revisión inmediata» de la normativa para «garantizar una regulación justa y eficaz». Así, ha reclamado una reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos que permita la dispensación directa de medicamentos veterinarios por parte de los veterinarios, como ocurre en otros países europeos.

Asimismo, ha pedido la Derogación del Real Decreto 666/2023 ya que, a su juicio, la normativa «debe adaptarse a la legislación europea y a las necesidades reales de la salud animal y pública», así como la reducción del IVA en los servicios veterinarios, «para garantizar una atención asequible y justa».