Guadalcázar: piden 2 años y medio de cárcel para el alcalde del PSOE por presunto espionaje con el sistema de alarma a su antecesor

El fiscal recoge en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, que desde fecha no acreditada, pero en todo caso a lo largo de ese mes de marzo de 2021, el acusado utilizó en numerosas ocasiones su teléfono móvil corporativo del Ayuntamiento mediante la realización de la «llamada silenciosa al panel» de la empresa de seguridad, que gestionaba el sistema de alarma del edificio del Ayuntamiento.

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De este modo, escuchaba las conversaciones que se llevaban a cabo en dependencias municipales entre el alcalde de la localidad y resto de miembros de la Corporación local y funcionarios, sin el consentimiento ni conocimiento de estos, para de este modo poder conocer el contenido de sus conversaciones privadas.

El alcalde del Ayuntamiento de Guadalcázar en esa fecha, Francisco Estepa, interpuso denuncia por estos hechos el 23 de abril de 2021, lo que causó un gran revuelo en esta pequeña localidad de la Vega del Guadalquivir de apenas 1.500 habitantes. Los hechos, curiosamente, suceden meses antes de las famosas primarias socialistas a nivel regional sobre las que hubo denuncias de amaño, entre otros pueblos, Guadalcázar. Curiosamente el ahora procesado es familiar político de la actual secretaria provincial del PSOE cordobés, Rafi Crepsín.

La Fiscalía recoge en su escrito de calificación que el que fuera teniente alcalde entonces está acusado de delito de descubrimiento y revelación de secretos. De este modo, solicita la pena de prisión de dos años y seis meses, multa a veinte meses a razón de 15 euros diarios e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años.

Por su parte, la acusación particular ejercida por Estepa pide por estos mismos hechos para el acusado tres años de prisión y una indemnización de 3.000 euros.

La sospecha surgió en el mes de marzo por un comentario del teniente de alcalde procesado a través de Whatsapp al instante de ser objeto de una crítica de otros miembros del Pleno en el que pedía «que no se hablara de él ni se le criticara si no era con él enfrente, a la cara».

Pero no fue la única coincidencia que hizo saltar las alarmas de una escucha ilegal en el Consistorio de Guadalcázar. Los ediles y el mismo alcalde buscaron desde micrófonos ocultos y cámaras a un chivo expiatorio entre ellos. No era posible que Reina supiera de temas de los que solo los otros habían hablado.

Tanto el alcalde entonces como dos de sus concejalas estaban convencidos de que el contenido de conversaciones privadas estaba llegando a oídos del primer teniente de alcalde socialista Domingo Reina, sin que ninguno de los protagonistas de las conversaciones o terceros se la hubieran revelado.

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¿Cómo era posible? La clave estaba en la posibilidad de conectarse al sistema de alarma y utilizarlo como micrófono conectado al móvil oficial Reina que permitía que se descolgara automáticamente con un teléfono autorizado para saber qué ocurre en la estancia donde está conectada la alarma sin que nadie lo perciba.

Estos hechos provocaron incluso que el alcalde sufriera una crisis de ansiedad y tuviera que ser asistido por los servicios sanitarios en el propio Ayuntamiento apenas una semana después de descubrir los hechos.

Las facturas de teléfono, que constan en la contabilidad municipal reflejaban cómo desde el mismo número del edil en horario de trabajo había hecho «llamadas invisibles diariamente» durante todo el mes de marzo a esas salas.

El alcalde convocó después de conocer los hechos un Pleno para la destitución del ex teniente alcalde, que fue cesado pero no entregó su acta. Le siguió la dimisión «por solidaridad con el teniente de alcalde » del concejal de Deportes y Participación Ciudadana, Sergio Girona García (PSOE) .