Unos 85 parques fotovoltaicos, a la espera de permiso en la provincia de Córdoba

Todo lo que está tramitándose multiplicaría exponencialmente esa cifra contribuyendo a que el mix energético tenga una menor dependencia de fuentes fósiles y caras como el gas. Tal es la actividad en el sector que ya hay voces en el mundo agrario y conservacionista que piden una ordenación de todo este caudal de dinero que ahora mismo está en manos del libre intercambio de capitales.

La Junta de Andalucía tramita los proyectos de menos de 50Mw de capacidad de generación eléctrica mientras que los que superan esa cifra se van al Ministerio de Transición Ecológica . Antes de que lleguen al departamento que dirige el consejero Juan Bravo , las empresas han de conseguir una autorización ambiental.

El Gobierno andaluz sostiene que el número de expedientes vivos de esta naturaleza que está tramitando supera los cincuenta teniendo en cuenta que es habitual que una misma central solar se presente en varias fases. En tanto ninguna de ellas supere los 50Mw también se tramitan en los despachos autonómicos.

Entran dentro de esta categoría las nuevas modalidades de generación solar de autoconsumo que se están instalando en empresas, explotaciones agrícolas o canales de regantes con el objetivo de reducir la factura. Todo el que tiene dinero o acceso a ayudas está tirando del sol.

Los proyectos grandes-grandes son los que tramita directamente el Gobierno central y, según el histórico del Ministerio de Transición Ecológica, son diez iniciativas que suman casi 800 Mw de nueva generación. Es decir, el doble de lo que hoy se produce en la provincia de Córdoba .

Son plantas cada vez más grandes que precisan de mucho suelo. Entre ellas se encuentra el proyecto único de mayor potencia instalada. Es el Parque Solar Fotovoltaico Cabra que pretende generar 250 Mw , una instalación gigantesca. El fondo de inversión Everwood Capital anunció en 2020 la adquisición de la sociedad propietaria de este parte, en proyecto, y de una instalación de 50 Mw en Montemayor.

Esa es la parte que ha cambiado el negocio solar. Ya no es una cuestión de empresas energéticas o de infraestructuras como los primeros que empezaron a verse en la provincia. Ahora son operaciones financieras que venden en los mercados la producción de energía renovable como un activo. Que dependen, además, de que las empresas atisben que van a tener una remuneración cierta y suficiente para quienes financian con sus ahorros estos proyectos tecnológicos.

El fondo que realizó esta última operación cerró su financiación en 300 millones de euros con el objetivo de explotar parques que generen 1.000 Mw. Para hacerse una idea de las magnitudes, el futuro parque solar Cabra ocupará 541 hectáreas de territorio (5,4 millones de metros cuadrados) y tiene un presupuesto superior a 85 millones de euros.

Uno de los proyectos complejos que más energía van a aportar se llama Guadame dividido en cinco fases . La mayor se llama Guadame Solar 5 y son 134 Mw y 67 millones de euros. Pero esa es solo una parte de la inversión. Están en proceso cuatro plantas más, llamadas Guadame Solar 1, 2, 3 y 4, bajo unos mismos promotores, que comparten, además, ámbito. Producirán cada una de ellas 35Mw. La suma son 270 Mw.

Pretenden llevarse a cabo a caballo entre cuatro términos municipales: Córdoba, Bujalance, Montoro y El Carpio (donde ya existen dos parques termosolares en los antiguos terrenos del Ducado de Alba). En la misma zona se cuentan en total once proyectos en cartera que tramitan también una línea de evacuación directa a la red. Reciben el nombre de Guadame porque van a usar esa subestación de la localidad jiennense de Marmolejos que es propiedad de la estatal Red Eléctrica de España .

Endesa también ha protagonizado una operación de adquisición millonaria de parques fotovoltaicos futuros. En agosto, la eléctrica anunció la adquisición por 38 millones de euros de tres proyectos desarrollados hasta ese momento por Arena Power . En realidad, si se suma el coste de compra y lo que vale el desarrollo de los parques solares, que se efectuarán por medio de la filial Enel Renovables , la cantidad total alcanza los 350 millones de euros para 48 Mw.

¿Significa que todo el que quiera poner en marcha un parque fotovoltaico de generación eléctrica puede hacerlo? Ni mucho menos. Mientras los mercados de capitales hacen cábalas sobre futuros beneficios (caídos o no del cielo) la verdad es que el sector energético tiene problemas muy serios para atender a las empresas interesadas.

En primer lugar, ocurre que una cosa es que se pida autorización ambiental para un emplazamiento concreto y otra que se consiga. Los parques fotovoltaicos , explican las fuentes, están limitados a la distancia de la zona de volcado de energía a la red (diez kilómetros como máximo) y a las normas ambientales de protección del paisaje, la flora y la fauna que rijan en ese lugar. El Ministerio de Transición Ecológica ha desarrollado una herramienta que genera un índice de sensibilidad ambiental que alerta de problemas en la fase de desarrollo del proyecto.

Esa herramienta tecnológica pretende que las empresas eviten, de partida, emplazamientos incompatibles de proyectos renovables . La zona más propicia para ello se encuentra al sur del Valle del Guadalquivir que es donde existe una mayor concentración de puntos de interés. La patronal de la generación solar ya ha advertido a los promotores de que los proyectos que son manifiestamente imposibles en un territorio concreto es mejor retirarlos. Una fuente de la Junta explica que, aunque todo el mundo quiera su visto bueno, todos los agentes del sector son conscientes de que no es posible autorizarlo todo.

La segunda parte tiene que ver con la capacidad de volcado de potencia . Una central fotovoltaica tiene que contar con una línea de evacuación a una subestación con acceso, a su vez, a una línea de alta tensión. Y esos puestos no son infinitos: están tasados por la capacidad técnica de las subestaciones disponibles.

En diez días, se harán públicos la actualización de puntos de acceso por la apertura o ampliación de un centro de estas características. Las empresas del sector ya tienen preparados los avales que se piden para tener derechos futuros de conexión. La previsión es que, si hay, se agoten en las primeras 24 horas. Generar electricidad obliga a transportar la energía a una red que ha de contar con potencia suficiente.

En Córdoba existe un déficit doble . Existen problemas sobre lo que se puede consumir (sobre todo, en proyectos industriales de la zona norte, que es la que tiene más carencias) y, además, existen límites en los puntos de acceso a esa red . Sencillamente, no quedan.

Las estimaciones del Gobierno andaluz, que ha sido muy activo en esta legislatura en el asunto energético, es que solamente se podrá responder a uno de cada cuatro proyectos. Y poder responder implica contar con infraestructuras suficientes como para que esa energía se integre en la red. En España, el transporte energético en alta sigue siendo mayoritariamente del Estado , ya que no entró en las políticas de liberalización del sector que inició Felipe González y completó José María Aznar. La SEPI sigue siendo su principal accionista.

Una cuestión importante que conviene aclarar es que los 85 proyectos que tienen carpeta abierta en la Junta de Andalucía o en el Ministerio de Transición Ecológica son los que sí tienen derechos de conexión activos. Según ha explicado en numerosas ocasiones el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo , siguen llegando empresas y proyectos.

Actualmente, las iniciativas registradas son las que empezaron a trabajarse en 2018 , cuando sí había posiciones disponibles en las subestaciones. El paso del tiempo fue consumiendo esas entradas que, en el caso de las renovables como la solar o la eólica, cuentan con un problema añadido: no son gestionables. Cuando una planta genera al máximo de capacidad no tiene un regulador que permita que funcione menos. Eso sí es posible, por ejemplo, en las plantas de biomasa.

¿Se puede ampliar la capacidad? En realidad, deberían estar ampliadas ya. El Gobierno acaba de aprobar su proyecto de inversiones en infraestructuras energéticas. El Consejo de Ministros ha previsto actuaciones para incrementar dos subestaciones, la de Casillas (que no está pensada estrictamente para las renovables) y las de Almodóvar y Cabra.

Estas últimas sí que tienen una finalidad muy relacionada con la aparición de plantas solares de gran tamaño. El problema es que se trata de actuaciones que se planificaron en el anterior programa de obras que arrancaba en 2015 . Se han pasado de un programa a otro porque no se han realizado. Y es casi la mitad del dinero que se va a gastar en esta materia en la provincia de Córdoba en un proyecto que ha puesto de acuerdo a la Junta y a todos los agentes sociales como particularmente lesivo para los intereses económicos .

Si hay un punto caliente en la red de conexiones eléctricas es Puente Nuevo. Cerrada la térmica que quemaba carbón por razones ambientales, la empresa EDP, la pública de Portugal , ha planteado un moderno centro donde se aúnen los paneles solares en tierra , los que flotan en la lámina de agua del embalse, una planta de biomasa y una fábrica de cobre realizado por técnicas que eviten las emisiones a la atmósfera.

Una empresa cordobesa, Magtel, ha decidido también plantear un proyecto de hidroléctrica de retorno . Pero Puente Nuevo no es un punto normal de conexión a la red de alta. Tiene una subestación que, cerrada la térmica, tiene que dilucidarse de otra manera, explican fuentes de la Administración. Puente Nuevo es un punto de acceso de Transición Justa.

Lo que dice la ley es que el Gobierno se reserva el derecho de elegir, mediante pública competencia, quién vuelca energía a la red en sustitución de una central té rmica que ha cerrado. Ello no significa que el Gobierno tenga la obligación de hacerlo: puede o no tomar esa decisión en función de unos criterios técnicos muy determinados. Pero también existe la salida de que ese concurso nunca vea la luz.

El Ministerio de Transición Ecológica empezó a convocar los primeros concursos de esta naturaleza a finales del año pasado . Consisten en la presentación de proyectos de renovables con una serie de reservas para empresas que sean pequeñas y que tienen que incluir obligatoriamente criterios ambientales y sociales en sus respectivos ámbitos de desarrollo. El Instituto para la Transición Justa, que es el departamento del Gobierno que se dedica a estas cuestiones, ha realizado, por ejemplo, la primera competición en Teruel.

Los nudos de transición justa no solo son los de las empresas que quemaban carbón para producir energía. También son los accesos que tenían las centrales nucleares que se están desmantelando al haber concluido su vida útil.