Dos investigados por un delito contra la propiedad industrial de semillas de garbanzos

La Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una comunicación recibida en el Seprona de la Comandancia de Córdoba, de la existencia de una oferta de venta , en una conocida página web de compra-venta e intercambio de efectos, de unas semillas de garbanzo protegidas y no certificadas , sin que el anunciante tenga autorización del titular del registro (obtentor) de la variedad protegida. Concretamente, se trataba de un a semilla de garbanzo de la variedad protegida ITUCI .

Tras localizar en la web el anuncio, y que el mismo se refería a la venta para semilla de una variedad protegida, y que el citado anuncio se hacía sin la pertinente autorización del obtentor, el Seprona, tras identificar al vendedor, que resultó ser un vecino de Montalbán, tras localizar la nave donde supuestamente se encontraban almacenados los garbanzos, se procedió a la inspección de la misma, localizándose en su interior más de 3.500 kilogramos de semilla de garbanzo , apilados sobre palets y contenidos en sacos de cincuenta kilogramos sin etiqueta alguna.

Ante la evidencia que pudiera tratarse de la comercialización no autorizada de semilla protegida procedente de grano acondicionado, se procedió a la t oma de las muestras , que fueron remitidas a través de la correspondiente cadena de custodia, al Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, con comunicación previa a la Oficina Española de Variedades Vegetales, para determinación de la variedad vegetal.

Ante ello, y dado que el anuncio de venta con utilización de la denominación de una variedad vegetal protegida, constituye según el Código Penal un delito contra la propiedad industrial, se procedió a la investigación de los propietarios de los garbanzos.

Asimismo, también se ha procedido a la tramitación de un expediente de denuncia a una empresa de Montemayor , que actuó como establecimiento de acondicionamiento y limpieza de los garbanzos, actividad para la que previamente habría de estar autorizada y regularizada documentalmente por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Los investigados y las diligencias fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial .