Salvados por la causa política de los cursos de formación

La probable decisión de la jueza se sustenta en gran parte en las comparecencias como testigos de los interventores de la Junta de Andalucía, que han coincidido en señalar que tan sólo apreciaron irregularidades administrativas y que si hubieran observado indicios de delito lo hubieran denunciado. El resto de las piezas siguen adelante y en una de ellas se encuentra imputada María José Lara, en concreto la que se refiere al proceso de formación de los trabajadores de la factoría de Delphi.

La misión de las causas en proceso es delimitar las responsabilidades judiciales de un entramado en el que los directores y delegados del organismo público de todas las provincias andaluzas certificaban con pasmosa normalidad gastos realizados por empresas beneficiarias que no guardaban relación con los cursos. Las innumerables irregularidades detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) constatan que la partida presupuestaria 32D se convirtió en un coladero, cuya cuantía triplica la dotación del fondo con que se pagaron las prejubilaciones falsas (855 millones).

Con las ayudas repartidas entre distintas entidades para formar a parados andaluces, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, se abonaron facturas de lo más peregrino. En esa lluvia de millones de la época de vacas gordas se cargaron a actividades formativas seguros que cubrían costes de sepelios y hasta la repatriación de cuerpos por fallecimiento en el extranjero, el suministro de talleres y restaurantes y se usaron sus alumnos como mano de obra gratuita para atender un chiringuito o asar sardinas.