Los salones de juego no podrán estar a menos de 100 metros entre sí y a 150 de colegios e institutos

La Consejería de Hacienda, que dirige Juan Bravo (PP), ha iniciado los trabajos del desarrollo reglamentario de la normativa de juego en Andalucía que es donde se encuadran las casas de apuestas. El decreto se encuentra en estos momentos en trámite de audiencia con el propósito de que las entidades afectadas puedan realizar sus alegaciones previo a que el texto pase por el Consejo de Gobierno para su aprobación final.

La norma es bastante clara. No podrán autorizarse los salones de juego que se encuentren a menos de cien metros de otro negocio de estas características . Tampoco los que se encuentren a menos de 150 metros de centros educativos de todo tipo (colegios, institutos, conservatorios, etcétera) con la única excepción de aquellos que se dedican a la educación de adultos y a los centros universitarios. En cualquier caso, todos los negocios de estas características que hayan pedido una solicitud no resuelta a la fecha de la entrada en vigor del decreto, tendrán que volver a presentar la documentación adaptándose a estas dos circunstancias.

La reforma de la norma deja sin sentido la revisión del PGOU emprendida por el Ayuntamiento de Córdoba . En primer lugar, porque el decreto deja claramente explicado que la regulación del juego es una potestad que solo cabe aplicar a la comunidad autónoma. En segunda instancia, porque las medidas a aplicar serían distintas en la norma reguladora municipal y en la autonómica. Actualmente, no se pueden pedir licencias de nuevos salones de juego dado que está en vigor una moratoria de un año que puede prolongarse otro año más.

El Ayuntamiento de Córdoba ha explicado que tiene la misión de considerar distancias entre los salones de juego y los centros escolares o sociales de 500 metros . Se trata de una determinación, por tanto, más agresiva que la que están planteando la Consejería de Hacienda. Surgiría un problema de contradicción entre normas. La de rango superior dejaría esa distancia en 150 metros y se aplicaría solamente a centros educativos. La de rango inferior, municipal, la elevaría a 500 metros amplicando los equipamientos de referencia.

El decreto de la Junta establece novedades en el funcionamiento mismo de los salones de juego. Por ejemplo, solo podrán instalar máquinas del tipo B que son las que conceden premios en metálico. Eso deja fuera a los recreativos de toda la vida que se siguen viendo en no pocos bares. Además, las zonas de juego tendrán que estar siempre aisladas de forma que no sean visibles desde la calle para evitar las tentaciones. Se permite que de forma complementaria al juego se realicen trabajos de hostelería aunque el horario de apertura será el de los salones de juego.

El proyecto también contiene normas sobre el exterior mismo de estos negocios. En las fachadas y paramentos exteriores de estos negocios no se podrá adosar o colocar cartelería sea cual sea su soporte donde se difundan mensajes o representaciones de juego o de las apuestas. Tampoco se podrán usar imágenes de personas intervinientes en los deportes cuyos resultados se puedan cruzar apuestas. Tampoco podrá emitirse al exterior las cotizaciones de las apuestas que solo podrán ser visibles en el interior de los mismos.

Los negocios tendrán que extremar las medidas para impedir que haya personas menores de 18 años o que estén dadas de alta en el registro de interdicción de acceso, que dejará de ser provincial a ser autonómico. Ya es necesario mostrar el DNI para entrar en uno de estos negocios pero el decreto que prepara la Junta da una vuelta de tuerca obligando a estas empresas a modificar los recintos. Tendrán que habilitar una dependencia o espacio diferenciado ubicado junto a las puertas con el objetivo de proceder a la identificación de las personas que quieran acceder al recinto. Ahora mismo, se puede hacer en la misma barra del salón de juegos o en sistemas telemáticos que utilizan cámaras de reconocimiento facial. La nueva norma obliga a que eso se haga en habitación aparte.

Los empleados de estos negocios tendrán la obligación de poner en la calle a las personas que estén ebrias y la opción de invitarlos a abandonar las instalaciones en el caso de que los clientes den problemas. El proyecto legal permite a los clientes interponer una queja en el caso de que consideren que se les ha tratado injustamente. Los trabajadores de estos negocios no podrán jugar ni podrán realizar préstamos a los jugadores para que lo hagan.

Según la última estadística del juego disponible, con datos de 2018, en Córdoba se apostaron en todas las modalidades posibles unos 158 millones de euros. El comportamiento de esta cifra tiene una particular realidad. Pese lo que pudiera parecer, el año más alto de la serie histórica fue 2010, cuando la irrupción de casas de apuestas era todavía moderada. Tocó suelo en 2014 con 133 millones de euros y desde entonces no ha hecho sino crecer. En Andalucía se juegan anualmente unos 2.000 millones de euros . Es una cantidad que no incluye las modalidades del Estado o protegidas por el mismo.

Esa misma estadística asegura que en Córdoba había instaladas unas 2.900 máquinas de juego que registraron un volumen de juego de unos 145 millones de euros. Además, en ese ejercicio había unos cuatrocientos terminales telemáticos de apuestas que generaron diez millones en apuestas y unos nueve millones en premios. Desde 2018 hasta ahora se ha producido una fuerte proliferación de este tipo de negocios con lo que las cifras pueden ser hoy distintas.