La consejera de Agricultura recuerda que la finca de Somonte está «ocupada ilegalmente» desde 2012

«Tengo información de que han vuelto a ocupar la finca», ha manifestado Ortiz a los periodistas en Almería, y ha reiterado que Somonte ha sido objeto de «una ocupación ilegal» desde 2012 por parte de los trabajadores del SAT, que fueron desalojados el pasado jueves por la Guardia Civil gracias a una orden judicial.

Sin embargo, el SAT aseguró ayer que había vuelto a ocupar la finca , en respuesta al intento de la Junta de «malvender» la explotación agraria.

La consejera ha insistido hoy en que la Junta defiende siempre la legalidad y el cumplimiento de los acuerdos. Asimismo, Ortiz ha señalado que las fincas de la Consejería están gestionadas a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA) y que «la mayoría de ellas» están en producción y posibilitan más de 20.000 jornales al año .

Al ser interpelada por el proyecto de un Banco Público de Tierras planteado en su día por el Gobierno andaluz, ha afirmado que «pertenece a otro momento político» en el que había una coalición con IU, por lo que «esa posición, ahora mismo, no está sobre la mesa» , si bien ha reconocido que «en su momento» se retomará la forma de gestión de estas fincas públicas.

Así ha valorado la consejera que el SAT volviera a tomar el domingo esta finca palmeña , propiedad del Ejecutivo autonómico, de la que fueron desalojados el pasado viernes por orden judicial y a instancias de la Administración. El responsable de la central sindical y cabeza de lista de Podemos por Jaén, Diego Cañamero , lideró la nueva ocupación.

Cañamero explicó que todo se ha realizado pacíficamente y que se debe a que los agricultores han efectuado una fuerte inversión en la finca, de más de 400 hectáreas, que ahora tienen que recuperar. Por ejemplo, está sin recoger la cosecha de girasol , muy avanzada.

Agentes de la Guardia Civil estuvieron en Somonte aunque no fue necesaria su intervención. « Pedimos tierra y libertad », aseguró Cañamero que estuvo acompañado de algunos cargos locales de su organización política.

El SAT declaró que está dispuesto a trasladar la acampada por la excarcelación de Andrés Bódalo , en prisión por agredir a un concejal socialista, a la finca ocupada que la Junta quiso subastar por unos cuatro millones.