Rabanales 21, obligada a reiniciar su innovación comercial del PGOU

La situación es verdaderamente complicada y tremendamente anómala. Parte de la base de que se produjo un error en el expediente en marcha desde 2014 y es que, pese a esa era el objetivo final, le letra del informe municipal nunca llegó a cambiar el informe. Se produjo una omisión concreta, formal, de no introducir un texto que dijera que, dentro de los usos del tecnoparque, estaba este tipo de actividad comercial. Hasta este momento, en el tecnoparque solo se permite la actividad comercial si es de uso interno de los trabajadores y usuarios del parque: un kiosco de prensa o una tienda de chucherías pero nada más.

Como siempre que se habla de Urbanismo, hay que leer los documentos varias veces. Ayer, la Junta aseguró que, tras estudiar la situación, había llegado a la conclusión de que había que realizar una modificación pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana, lo cual parece bueno porque es el trámite «corto». En realidad, solo significa que el cambio solo afecta a una zona determinada y no a la estructura del municipio. Lo cual es una obviedad vestida de la habitual y farragosa prosa administrativa.

Este periódico pidió a la Delegación de Medio Ambiente una respuesta un poco más prolija y, en concreto, que dijera qué pasa con el proyecto que lleva tramitándose desde 2014 y que ha superado una complicada gestión técnica y, sobre todo, política. La respuesta no deja lugar a dudas porque asegura que el actual procedimiento urbanístico «no habilita» el cambio del Plan General.

La realidad es más compleja. Lo que la Junta está pidiendo es que se haga una innovación completa del citado del Plan General de Ordenación Urbana. Y que, para acortar tiempo, se vaya trabajando en una reforma del plan parcial del tecnoparque, que permita efectuar los cambios de índole material que se prevén para poder construir el centro comercial. Se trata de una situación nada común puesto que el Urbanismo funciona como un sistema de vasos comunicantes. Modificado el Plan General, que es el que manda, se alteran también todas las determinaciones de menor rango.

Previamente a ese trabajo, la Junta asegura que Rabanales 21 tiene que realizar un estudio de impacto ambiental. Según la normativa reguladora, dicho informa ambiental tendrá carácter simplificado. Eso indica que se tendrá que presentar un documento específico que diga cómo afecta el uso comercial en el entorno ecológico con carácter previo a la aprobación inicial. La Delegación Territorial de Medio Ambiente tendrá cuatro meses de plazo máximo para contestar. En el caso de que no lo haga, se entenderá que no hay problemas en el desarrollo del proyecto.

Desde la Junta, se sostiene que esta forma de trabajar se ha considerado como la más ágil para dar salida al problema. Se establece, por un lado, un sistema para cumplir la legalidad y, por otro, para que las cosas se hagan de una manera ágil. De hecho, desde la Junta de Andalucía se ha pedido al gobierno municipal que se concierte un encuentro para dar los pasos necesarios para desbloquear la situación. Hay que tener en cuenta que el tiempo es un factor clave. Rabanales 21 estará cuatro meses en preconcurso de acreedores.