Pleno Ayuntamiento de Córdoba | Los partidos pactan un plan de estabilización de interinos

En estos momento, el Consistorio ha puesto en marcha una serie de convocatorias de oposiciones en turno libre, donde se puede presentar cualquiera, que se encuentran ocupadas por personal laboral o interino desde hace, en algunos casos, veinte años. Los sindicatos y los partidos de izquierda planteaban dos escenarios: la desconvocatoria de lo iniciado o la congelación de las nuevas oposiciones hasta que se apruebe la legislación del anterior ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta , para favorecer que los interinos se queden con la plaza por la vía de la valoración de su méritos profesionales.

La primera redacción del acuerdo, presentado por la izquierda, hablaba directamente de paralización aunque ahora se condiciona a que los abogados de la casa digan que no se está incurriendo en una legalidad. Los informes que están sobre la mesa dicen que, con el actual texto legal, no es posible ni paralizar ni desconvocar aunque todo queda a disposición de que el decreto Iceta se convierta en una ley cuando pase por el Congreso de los Diputados .

El acuerdo final al que han llegado los grupos políticos es establecer un calendario de actuaciones durante el último trimestre del año, negociado con los sindicatos, con el sindicato de establecer un programa de acciones sobre qué plazas se sacan por el turno libre y a cuáles se le aplica el nuevo plan de estabilización.

Por su parte, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox pactaron una enmienda a la moción reclamada por el grupo que dirige Paula Badanelli con el objetivo de una anulación general de las multas impuestas durante el primer estado de alarma declarado inconstitucional tras un recurso presentado por el partido que preside Santiago Abascal.

El acuerdo definitivo no implica la anulación de las sanciones al haberse recibido un informe legal que dice que eso es imposible porque la propia sentencia explica que no hay una anulación universal de sanciones. La enmienda se queda instar a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta a que cumplan la sentencia del TC.