El plan Emprende 2017 de la Diputación de Córdoba da ayudas a empresas que se saltan las bases

Así, las bases establecen dos exclusiones de propuestas. En una de ellas, y además la primera, se lee literalmente: «No se considerarán subvenciónables aquellos proyectos cuyos costes salariales correspondientes al trabajador propuesto sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional fijados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el año 2017 en los siguientes valores: salario mínimo mensual de 707,6 euros y salario mínimo anual de 9.906,4 euros».

En la resolución provisional del reparto de los casi 700.000 euros del programa Emprende, emitida por la Institución provincial el 16 de octubre de este año, había al menos cuatro particulares o empresas que habían logrado dinero para desarrollar sus iniciativas a pesar de que no observaban el requisito básico del salario mínimo para sus empleados. Uno de los titulares de las ayudas se dio cuenta de este hecho anómalo y presentó una alegación por el registro de entrada de la Diputación, que a la postre no ha sido atendido porque en la resolución definitiva de las ayudas siguen apareciendo beneficiarios de las subvenciones que incumplen las bases.

La citada alegación, a la que ha tenido acceso este periódico y que ha sido desestimada en parte, informa a los responsables del Instituto Provincial de Desarrollo Económico que «se ha priorizado a empresas que abogan por contrataciones precarias en la que los convenios colectivos brillan por su ausencia». Esta persona añade en su escrito: «Hablando de mi sector, por ejemplo, no se entiende un contrato a media jornada de un diplomado en magisterio por 8.260,80€ al año o el caso de un contrato a media jornada con grado en psicología por 6.635€ al año. Pero lo que menos se entiende es que en una subvención en concurrencia competitiva como esta, se incluya a empresas que deberían estar excluidas según las bases en el punto 8 relativo a las exclusiones [y que se refiere al salario mínimo]».

El particular que presenta la queja —y que percibe 15.767 euros en la convocatoria correspondiente a 2017— opera en el sector de la gestión de recursos de ocio y educativos para niños y cita en su escrito cuatro casos de entidades que entran en competencia directa con él y que han obtenido fondos aunque se saltan las especificaciones del plan Emprende. Cita, en concreto, a una persona que logra 9.526 euros para una contratación a tiempo completo durante 12 meses —el mínimo es, como queda dicho, 9.906,4—: a otra agraciada con 4.308 euros para un contrato de seis meses y a dos más que son merecedoras a juicio de la Diputación de 8.431 y 7.637 euros para sendos proyectos con contrataciones anuales.

La respuesta de la Institución provincial a la citada alegación no contesta a la cuestión principal —esto es, a la llamada de atención acerca del incumplimiento de las bases— y replica de una manera insatisfactoria a la demanda que realiza para que sus méritos de dinamización de la población infantil de la provincia sean más valorados.

Este periódico ha tratado, sin éxito, de que la Diputación provincial diera su punto de vista acerca de esta noticia.