Penas de entre uno y dos años de cárcel por el fraude de los cursos de formación en Córdoba

Como adelantó ABC, durante la vista, que se celebró el pasado mes de junio, seis de los ocho encausados reconocieron los hechos y aceptaron las penas , que la togada ha fijado en un año de prisión para cuatro de ellos.

En cuanto al quinto, la jueza lo condena a u n año y ocho meses; y el sexto, que no aceptó el principio de acuerdo con la Fiscalía y el Letrado de la Junta de Andalucía, tendrá que cumplir dos años de prisión como autor responsable de un delito continuado de falsedad en documento público, y una pena de 10 meses de multa con una cuota diaria de 75 euros, además de pagar una indemnización a la Junta de 2.415,75 euros.

Sobre los otros dos inculpados, uno fue absuelto durante la vista oral y el otro se encuentra en busca y captura.

En relación a las multas , cuatro de los ocho encausados (autores de un delito de delito continuado de falsedad en documento público) tendrán que pagar 1.440 euros; el quinto, 300.000 euros (siendo sustituida en caso de impago por 120 días de privación de libertad), como autor responsable de autor de un delito de fraude de subvenciones. El último, 22.500 euros. Además, todos deberán indemnizar a la Junta en las cantidades defraudadas.

De este modo, la sentencia considera probado que por orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010-2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.

De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.

De hecho, en ocasiones estos cursos fantasma no llegaron a impartirse, el material que se supone que recibían los alumnos tampoco existía y que los propios empersarios en algunos casos eran los profesores o tutores, sin serlo o sin tener suficiente cualificación.

El juicio por el fraude en los cursos de formación arrancó en el febrero de 2020 después de varios aplazamientos en 2019, y fue suspendido durante el Estado de Alarma para ser retomado a finales de junio.