El juicio del fraude en cursos de formación en Córdoba, visto para sentencia con acuerdos de prisión y multas

De los tres acusados restantes, J.J.N. , sentado en el banquillo por un delito continuado de falsedad documental, no ha aceptado el principio de acuerdo con la Fiscalía y el Letrado de la Junta de Andalucía , por lo que se enfrenta a tres años de prisión y multa de 27.000 euros. En el caso del empresario M.A.F.D., acusado de un delito más grave, por fraude de subvenciones, se enfrenta a en tres años de cárcel, multa de 300.000 euros y cuatro años sin ayudas públicas, pero se encuentra en búsqueda y captura .

El único acusado sobre el que se ha retirado la acusación al no quedar acreditada su participación en los hechos por parte de la Fiscalía ha sido R.D.M.

Estos empresarios cordobeses se sentaron en el banquillo acusados de formar parte de un fraude millonario de subvenciones de la Junta de Andalucía a través de los denominados cursos de formación. Unos cursos fantasma que en ocasiones no llegaron a impartirse, el material que se supone que recibían los alumnos tampoco existía y que los propios empersarios en algunos casos eran los profesores o tutores, sin serlo o sin tener suficiente cualificación.

El juicio por el fraude en los cursos de formación arrancó en el febrero de 2020 después de varios aplazamientos en 2019, y fue suspendido durante el Estado de Alarma para ser retomado estas últimas semanas.

Hay que recordar que el juicio por este escándalo que llevó a comisaria Campo Madre de Dios a decenas de personas, entre ellas con imputaciones políticas de los responsables socialistas que llegaron a desinflarse. Un detalle que ha sido utilizado por una de las defensas de los acusados, J.J.N. al recordar que «todo esto viene de una trama política y de un tal Tiburcio que era quien lo mangoneaba todo en la Junta de Andalucía de la etapa socialista» y que su representado no cometió ninguna falsedad , sólo que en los informes remitidos a la Junta para obtener la subvención aparecía una profesora como la que impartiría las clases pero que luego no fue ella sino otra, pero a la que se le pagó el importe como aparece en su declaración de la renta por lo que no se quedaron con esas nóminas. «No se notificó ese cambio de profesora ante la Junta, pero no hay más, punto y pelota», llegó a defender esta letrada en la sala para pedir la absolución de su defendido al entender que en todo caso hubo falsedad ideológica, sin dolo. Un extremo que en su informe final ya rebatió el fiscal del caso Juan Antonio Merlos al considerar que sí hubo falsedad documental continuada, ya que la propia profesora que aparecía en los documentos que se presentaron para obtener el curso de sonido en Cabra declarón ante el plenario que ella ya había advertido al empresario de que no impartiría esa clase ni se desplazaría a Cabra.

El resto de defensas elevó a definitivas sus conclusiones, adheriendose al acuerdo alcanzado con las acusaciones y mientras recordaban las cantidades que habían consignado para satisfacer las responsabilidades civiles que les correspondiesen en la condena.

En este senteido, el acusado E.S.C. ya ha pagado 17.709,60 euros , y la Fiscalía rebaja la petición para él a 12 meses de prisión y seis meses de multa a razón de ochos euros día. La misma pena de prisión y multa solicitan las acusaciones para A.G.M., y J.M.Ll, quien por su parte ha satisfecho 1.500 euros ya, y deberá indemnizar a la Junta con 6.115,75 euros .

De otro lado, esta misma pena de prisión es la que solicitan las acusaciones para la empresaria C.P.P.C. , quien ha consignado ya para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de su conducta delictiva con 8.500 euros.

Las penas de prisión más altas son las solicitadas por la Fiscalía para el exconcejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya M.M., por fraude de subvenciones, para el que el acuerdo prevé un año y ocho meses de prisión -en lugar de los 3 años a los que se enfrentaba inicialmete- y multa de 300.000 euros, que en caso de impago debe ser sustituida por 120 días de privación de libertad.

Esta causa, que de desinfló de las raíces política del PSOE andaluz durante la frase de instrucción, saltó a las portadas en 2014, cuando la UDEF detuvo a más de 300 personas en las operaciones Óscar y Edu en toda la región. Las redadas policiales dieron pie a la apertura de 18 causas judiciales , muchas de las cuales ya han sido sobreseídas. No es el caso de Córdoba, donde la Fiscalía ha logrado sentar a siete de los ocho acusados en el banquillo, de los 30 iniciales. Ningún político o funcionario han sido acusados de nada. Estos ocho empresarios cordobeses están acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones por los cursos de formación de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2011 .

Los ocho empresarios acusados de fraude en el caso de los cursos de formación y que afectó a toda Andalucía utilizaron, según la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso este periódico, todo tipo de artimañas para apropiarse de un dinero público y enriquecerse de forma ilícita, tales como cobrar por profesores inexistentes, presentación de supuestos gastos de material que no se realizaron o facturas ficticias a su propio nombre. No en balde, los cargos que se imputan son falsedad documental y, en dos casos, fraude de subvenciones.