El nuevo decreto de regulación de viviendas de la Junta sólo afectaría al 30% de las parcelas de Córdoba

En primer lugar, nadie sabe a ciencia cierta cuántas parcelas y viviendas podrían verse beneficiadas. El alcalde de Córdoba, José María Bellido , apuntó ayer la cifra de 11.000 viviendas en el término municipal, un dato que él mismo calificó como «prematuro y no definitivo». En realidad, ese número debería estar cerca de la cifra total de viviendas irregulares que hay en Córdoba, tanto las que pueden regularizarse como las que no, así como las que ya están en proceso para cumplir con la legalidad adaptándose al PGOU actual.

En toda la provincia, las viviendas irregulares serían «entre 30.000 y 40.000» contando la capital, según declaró la delegada de Fomento y Vivienda, Cristina Casanueva . Una vez más, la delegada se estaba refiriendo al conjunto de parcelas y viviendas. En Andalucía se estima que son más de 300.000. Pero no todas podrán acogerse al decreto.

Para el alcalde, la norma aprobada por el Consejo de Gobierno «nos abre una vía para regularizar viviendas », a las que a partir de ahora «se les puede dotar de servicios básicos». Casanueva, por su parte, alertó de que «no es una amnistía como se ha querido vender, sino que sirve para darle una forma jurídica a aquellas urbanizaciones en donde la administración no podía actuar».

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano , el decreto tiene poco que aportar a Córdoba , y lleva tiempo diciéndolo. Su presidente, Juan Andrés de Gracia , considera que parece pensado para dar solución a otras zonas de Andalucía, como la Axerquía de Málaga o Almería. En Córdoba , «pone limitaciones al 70% de las parcelas», aquellas ubicadas en terrenos de especial protección, que son la mayoría en la capital, indica De Gracia. Se localizan en el entorno de Medina Azahara, con un plan especial de protección; en la Sierra, donde «prácticamente todo está protegido» según el presidente del CMC; o en las zonas inundables , es decir, en toda la ribera del Guadalquivir al este y el oeste de la ciudad.

El decreto establece tres herramientas de regulación. La primera de ellas es la figura de «asimilado a fuera de ordenación» ( AFO ), que una vez obtenida permite acceder a los servicios básicos como agua o electricidad a costa de los propietarios. Esta posibilidad no es nueva. El decreto pretende simplificar y ampliar los casos en los que un propietario puede acogerse a la declaración AFO. Está pensada para edificaciones irregulares aisladas que ya estén terminadas. En el caso de Córdoba , la declaración AFO no ha tenido apenas impacto. El CMC estima que menos de 200 viviendas han logrado regularse con este método, y la mayoría lo han conseguido por encontrarse ya en suelo urbanizable.

El segundo método son los planes especiales , en los que el decreto sí aporta una novedad: no tienen por qué estar previstos en el PGOU y se podrán redactar incluso en los municipios que carecen de planeamiento urbanístico propio, una posibilidad que antes no existía. De esta posibilidad se podrán beneficiar «agrupaciones de edificaciones irregulares en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable», dice el decreto. Son pequeñas parcelaciones aisladas que no pueden ser regularizadas mediante el PGOU . En teoría, esta herramienta es la que podría servir a la mayor parte del 30% de viviendas que, según el CMC , sí que pueden regularse con el nuevo decreto. Una vez más, no se pueden acoger a la norma las parcelas que ya estén afectadas por planes de protección del terreno, recuerda De Gracia .

Finalmente, el decreto de la Junta regula la incorporación de las edificaciones irregulares al planeamiento urbanístico general. Este método es el más laborioso y complicado, si bien ofrece muchas más garantías a los propietarios y tampoco es nada nuevo. Lo que el decreto aporta es una simplificación de la normativa y un refuerzo de la capacidad de los ayuntamientos, que tendrán menos cortapisas legales.

En Córdoba hay en torno a 40 parcelas que llevan casi dos décadas (desde la aprobación del PGOU de 2001) intentando regularizarse por esta vía; aún no lo ha conseguido ninguna, lo que da una idea de la complejidad de los procesos urbanísticos. Para el presidente del CMC, «eso ya lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Algunas parcelaciones están a punto de conseguirlo y otras han tirado la toalla ». Por ello, lo que el movimiento vecinal quiere es desarrollar una innovación del PGOU sin esperar a una modificación de la LOUA que nunca llega. «No estamos dispuestos a eso», concluye De Gracia.