¿Cómo afecta a Córdoba el nuevo decreto de la Junta para regularizar las parcelas?

El decreto de la Junta se apoya en tres «pilares». El primero de ellos, y el más importante, ya fue puesto en marcha en mayo a través de una instrucción urbanística que permite ampliar la declaración de «asimilado a fuera de ordenación» (AFO).

Bajo ese término técnico se esconde una realidad de facto más sencilla de comprender: no se pueden derribar viviendas una vez prescrito el delito urbanístico. Pero si no tienen todos los papeles en regla, tampoco pueden acceder a servicios básicos como luz y agua. La declaración AFO permite a los propietarios inscribir sus viviendas en el registro de la propiedad y solicitar esas prestaciones .

La declaración AFO es una medida excepcional que el gobierno de PP y C's en la Junta decidió ampliar hasta donde fuera posible, aun a riesgo de perder, precisamente, su carácter de singularidad. Por ello, la Junta se afana en explicar que con este decreto ley «no se pretende dar una amnistía».

En teoría, la declaración AFO se puede aplicar a «cualquier edificación irregular», según el Consejo de Gobierno, lo que supone soslayar el carácter excepcional de la medida. Pero hay límites, y no son pocos. El primero, aquellas viviendas que aún están en plazo para restablecer la legalidad , sea del modo que sea, no podrán solicitar la regularización; son seis años desde el momento de su construcción.

La segunda enmienda abarca a aquellas viviendas sobre las que pesa una sentencia , una precaución sin efectos prácticos puesto que apenas hay construcciones en esa situación, si es que hay alguna. La tercera restricción sí tiene un impacto en Córdoba : «Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección ».

En esa situación se encontrarían las viviendas en los entornos de Medina Azahara, Sierra Morena o el Río Guadalquivir . Con diferentes alcances y herramientas urbanísticas, esas tres zonas cuentan con suelos protegidos , pero al mismo tiempo son las áreas donde se concentran las parcelaciones. Las que pisen suelo protegido jamás podrán acceder a la regularización.

Ahora son los ayuntamientos quienes tendrán la pelota en su tejado. Antes, para regular un asentamiento éste debía estar incluido en el PGOU correspondiente, lo que implicaba modificar ese importante documento urbanístico; sólo para ese trámite se requieren nueve años de media, según la Junta . Luego, era necesario redactar un plan especial para cada parcelación , que puede demorarse otro año y medio aproximadamente.

Con el nuevo decreto de la Junta aprobado ayer el primer paso se elimina y ya sólo hace falta un plan especial que deben desarrollar los propietarios de viviendas afectadas con los ayuntamientos. «El problema se puede resolver enun plazo de entre 12 y 18 meses», dice el Consejo de Gobierno .