El jefe de Formación en Córdoba acusa al interventor provincial de «mala praxis»

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación parlamentaria, Gavilán ha sostenido que el informe sobre las ayudas concedidas entre 2009 y 2012 «no tiene fundamento y la conclusión a la que llega se contradice con las salvedades que plantea», algo que no cree que sea «culpa» del interventor, que ha actuado con «rigor y profesionalidad».

«El informe se estudiará como ejemplo de mala praxis», ha sentenciado el que fuera jefe de servicio de la dirección de Formación en Córdoba desde 2002 hasta septiembre de 2012 , quien ha añadido que «con las limitaciones de alcance que hay en el informe y las salvedades que da no se puede concluir tajantemente que la entidad no ha cumplido con la normativa ».

Ha asegurado que durante el tiempo en el que estuvo en su cargo «todos los procedimientos que se desarrollaron fueron en el cumplimiento riguroso de las normas de aplicación, tanto de la comunidad autónoma como del Estado, y en cumplimiento de las instrucciones de órganos superiores y de la Intervención General».

Hay que recordar que Gavilán está imputado por su relación con el presunto fraude en los cursos de formación para el empleo. En concreto, la entonces titular de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya , acusó a Gavilán y a otros diez jefes de servicio de Granada, Sevilla, Jaén, Almería, Málaga, Huelva y Cádiz «por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones».