El grupo ACS se queda con la gestión de todas las zonas verdes del Ayuntamiento de Córdoba

La cuestión es que ACS (en sus distintas denominaciones) sigue haciendo de negocio en el Ayuntamiento de Córdoba incluso con áreas municipales cuyos responsables sostienen las pancartas de las manifestaciones contra su política laboral. ACS ganará los dos lotes del millonario contrato de mantenimiento de zonas verdes por el que el Consistorio pagará cerca de tres millones de euros al año impuestos incluidos. Y lo hará por medio de sus filiales de servicios sometidas a todo tipo de protestas por las condiciones de trabajo con las que padecen, por ejemplo, las empleadas de la ayuda a domicilio .

El Ayuntamiento de Córdoba dividió el mantenimiento de las zonas verdes en dos lotes prácticamente idénticos con el objetivo de suplementar el trabajo que realizan los funcionarios de Parques y Jardines . Ambos lotes los ganará ACS. En un caso, con la oferta presentada por la UTE Integra-Clece . En segundo de los lotes, por medio de la empresa que ya estaba llevando a cabo la actividad, Talher . Solo un vistazo a la página web de esta firma permite comprobar que forma parte del grupo corporativo Clece .

En ambos casos, han conseguido la mejor puntuación al disponer ofertas económicas bajas pero no desproporcionadas y, sobre todo, por contar con más personal que nadie. La mayor parte del resto de licitantes no son ni pymes ni cooperativas . Se trata de organizaciones empresarial grandes que se dedican al filón de los servicios públicos como ACS. Es decir, FCC, Acciona o Sando. Firmas que mueven cantidades importantes de dinero.

El gobierno municipal ha emprendido medidas políticas para evitar que empresas como el grupo ACS acaparen este tipo de contrataciones. Hasta ahora, con escaso éxito. La empresa del presidente del Real Madrid es, a día de hoy, uno de los grandes contratistas del Consistorio en la medida que hace lo que los servicios municipales no pueden hacer por sí mismos. Estas cláusulas sociales se han vendido como elementos en los contratos que permitan el acceso de las pequeñas y medianas empresas al trabajo con las instituciones. También, aquellos elementos que impidan que empresas que no tratan bien a sus trabajadores puedan acceder al presupuesto municipal.

El problema radica en que este tipo de clausulado no puede borrar de un plumazo la mayor capacidad financiera de este tipo de empresas y, por ende, las posibilidades de competir más en un concurso. El planteamiento pasa por incorporar tecnologías verdes , realizar contratos divididos en lotes o la asunción de determinados gastos de carácter social . El reciente acuerdo presupuestario entre el cogobierno y Ganemos generará nuevas obligaciones de estas características, inspiradas en la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (En comú), de no contratar los millonarios servicios de alumbrado eléctrico con empresas que no se comprometan a no cortar la luz a sus abonados que no puedan pagar la factura bimestral.