La factura de El Cabril que paga España: 2.000 millones hasta que acabe el siglo

El coste total de gestión de los residuos nucleares en España desde 1985 hasta 2100 supera los 23.000 millones de euros según el valor de la moneda en 2019. Es 17 veces todo el presupuesto de inversiones reales de la Junta de Andalucía . De ellos, casi 17.000 se gastarán desde este año hasta finales de siglo, según el borrador del séptimo Plan de Gestión de Residuos Radiactivos que está sobre la mesa del Gobierno de Pedro Sánchez. Y de esa cifra, en torno a 2.000 millones de euros corresponden a los gastos directos e indirectos de la gestión y mantenimiento de El Cabril .

En El Cabril sólo se almacenan los residuos de baja, muy baja y media actividad, que se producen en todo tipo de instalaciones nucleares , no sólo las centrales. Hasta el año 2019, los costes asociados al cementerio nuclear cordobés ascendían 1.315 millones de euros, aunque 152 corresponden al tratamiento previo de la basura, que no suele realizarse en El Cabril. El borrador contempla que de aquí hasta que acabe el siglo habrá que gastar otros 2.300 millones de euros para garantizar la seguridad de los desechos nucleares de ese tipo. De ellos, 242 millones corresponden a la gestión previa, lo que deja la factura de El Cabril propiamente dicha en poco más de 2.000 millones de euros.

En contra de lo que pueda parecer, los mayores gastos no están relacionados con el funcionamiento y el control de las instalaciones a lo largo de casi un siglo, sino con los impuestos. La Junta de Andalucía «rascará» más de un tercio de esa cantidad, unos 730 millones de euros, por el impuesto ecológico , según las previsiones del plan. La gestión definitiva de los residuos de baja y media actividad , que incluye el sellado del cementerio de El Cabril, costará otros 560 millones, mientras que los servicios de apoyo -en los que se incluyen las nóminas del personal - supondrán 586 millones.

Los ayuntamientos de la zona, los más afectados por la presencia de un basurero nuclear , se quedarán con las «migajas». De todas esas cantidades, «sólo» 175 millones de euros irán a parar a sus arcas a lo largo de los próximos 80 años. Desde 1985 hasta el pasado año 2019 los consistorios de la comarca han recibido 80 millones de euros. Eso significa que cuando todo acabe, dentro de al menos tres generaciones, los pueblos se habrán repartido 256 millones constantes de 2019.

La financiación de todos esos conceptos se realiza bajo el concepto, según el plan, de «quien contamina paga». Esto es, se cobra básicamente a las compañías eléctricas, que luego repercuten los costes a los usuarios a través de la factura. Las cantidades van a parar a un fondo gestionado por Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos).