La Universidad de Córdoba, entre las 12 únicas de España que cumplen los nuevos requisitos

La reforma se articula mediante un decreto que ya ha pasado el trámite de audiencia pública y para el que las universidades dispondrán de cinco años de adaptación. En la situación actual, ¿cumplirán los centros cordobeses con los requisitos? La respuesta la da un estudio publicado esta semana por el Observatorio del Sistema Universitari (OSU), una plataforma de la comunidad universitaria catalana sin relación con las administraciones públicas.

La Universidad de Córdoba cumpliría con todos los nuevos requisitos que analiza el estudio, que se centra únicamente en cuestiones objetivas y mensurables sobre las que existen datos oficiales. Es, por tanto, un análisis parcial de la cuestión -y así lo reconoce el documento consultado por ABC-, pero ofrece una orientación sobre la situación actual y futura del sistema académico.

De hecho, l a UCO está entre las únicas 12 universidades , todas ellas públicas, capacitadas desde ahora para cumplir con las nuevas condiciones. La Loyola Andalucía incumple alguno de los aspectos, pero por poco.

El OSU ha analizado 48 de las 50 universidades públicas , ya que se quedan fuera la Menéndez Pelayo y la Internacional de Andalucía por ser centros especiales eximidos de la mayor parte de los requisitos; y 33 de las 38 privadas , ya que las cinco restantes son de reciente creación (desde 2019) y aún no existen datos sobre ellas. Los datos proceden del Sistema Integrado de Información Universitaria -una plataforma del Ministerio de Educación- o el Observatorio IUNE -un centro de investigación de cuatro grandes universidades españolas-.

En la actualidad, el decreto que regula la enseñanza universitaria, en vigor desde 2015, obliga a tener al menos 8 títulos oficiales de grado o máster, sin obligación de doctorados; todos los centros sin excepción lo cumplen en España. La nueva norma, sin embargo, establece como poco 10 títulos de grado, 6 de máster y 3 de doctorado ; además, la oferta debe cubrir al menos tres de las cinco ramas del conocimiento (Humanidades, Ciencias, Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura). Los estudiantes de grado, la oferta básica de las universidades, tienen que alcanzar al menos la mitad de las matrículas.

Casi todas las universidades españolas cumplen la nueva norma , entre ellas las dos con sede en Córdoba. La UCO tiene 34 grados en las cinco ramas del conocimiento, 47 másteres y 11 doctorados, con un 79,6 por ciento de alumnos de grado. La Loyola tiene una oferta más reducida pero suficiente: 14 grados , 13 másteres y 3 doctorados en 3 de las 5 ramas, con un 86% de alumnos en los programas básicos.

Es aquí donde empiezan los problemas, ya que fallan todas las universidades privadas de España menos una, así como 10 de las 48 públicas. Llama la atención que haya incluso El OSU analiza en este apartado sólo tres de los cinco nuevos requisitos que determina el decreto, ya que no existen datos sobre los otros dos ( el presupuesto de I+D y el número de proyectos de investigación presentados cada año, datos que no se hacen públicos).

La futura norma exige disponer de al menos de cinco proyectos de investigación concedidos cada cinco años; tener seis publicaciones científicas cada tres años por cada profesor a tiempo completo (se pueden sumar jornadas parciales); y que al menos el 60% de los doctores tenga una evaluación positiva de su actividad investigadora, lo que se reconoce mediante sexenios (en este apartado los datos son sólo orientativos).

La UCO tiene 159 programas de investigación concedidos cada lustro, por encima de la media nacional situada en 151 (aunque si sólo se miran las públicas el dato llega a los 246); 9,2 publicaciones por cada profesor; y un 88,9% de sus docentes tiene al menos un sexenio. La Loyola falla por poco en el segundo aspecto (solo alcanza 5 publicaciones); dispone de 12 proyectos de I+D y un 82,4% de profesores con sexenio.

El nuevo decreto determina una ratio de un profesor por cada 25 alumnos presenciales, la misma que rige en la actualidad. Los doctores deben suponer al menos la mitad en los programas de grado y máster , y la totalidad en los de doctorado. Destaca en este punto la rebaja en las condiciones de los másteres, ya que hasta ahora se exigía un 70% de doctores como docentes.

Por otro lado, se establece que los docentes con contrato temporal no deben superar el 40% . El nuevo decreto extiende la obligación a las privadas. Por otro lado, en un primer borrador de la norma se incluyó el deber de que el 60% de los profesores estuvieran contratados a jornada completa; el enunciado desapareció de la redacción posterior pero el OSU ha analizado de todos modos este baremo.

Todos estos requisitos están vigentes , de uno u otro modo, desde hace décadas , pero las universidades han sorteado la norma en no pocas ocasiones sin consecuencias. Las conclusiones del análisis del OSU ponen el acento en que «en todos estos años no se hayan corregido las carencias de tantas universidades a este erspecto [el 78% incumple alguna norma], no se haya revocado su reconocimiento de no corregirse estas. Quizás ello explique por qué el proyecto reduce algunas de las exigencias».

Veamos cómo se encuentran en este aspecto las universidades presentes en Córdoba. Vaya por delante que tanto la UCO como la Loyola cumplen con creces:

El centro público tiene 1,55 docentes por cada 25 alumnos, un 80,5% de doctores en términos globales (no existen datos desagregados sobre el tipo de enseñanza); un 32,1% de contratos temporales; y un 71,3% de profesores a tiempo completo. Respectivamente, los valores de la Loyola son 1,41, 76%, 34,9% y 78,6%.

La conclusión de este estudio privado indica que la UCO cumple con todos los aspectos analizados de cara al futuro mientras que la Loyola Andalucía únicamente fracasa en el número de publicaciones científicas, pero lo hace por muy poco margen.