Ecologistas en Acción pide que se pare el estudio de la A-81 porque no está disponible en papel en Córdoba

En este sentido y en una nota, la asociación ambientalista ha señalado que lleva desde el 4 de enero «intentando consultar el documento en papel en la Delegación del Ministerio , sita en avenida de Mozárabes, número 1, de Córdoba», todo ello «dado el conjunto ingente de documentación y la mala visibilidad de los cientos de planos en el ordenador prefieren consultar la documentación en soporte físico tal como anuncia el BOE de 3 de enero».

En este contexto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno «defiende los derechos del grupo ambientalista y se está incumpliendo», según los ecologistas, pues «el acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica , salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio».

Hasta ahora, la asociación «solo ha podido contactar por teléfono con el jefe de Demarcación», funcionario que informa a la asociación de que «no está disponible físicamente el documento debido al gasto monetario para el Ministerio que supondría tener una copia en papel en Mozárabes», motivo por el que el experto de Ecologistas en Acción queda «francamente sorprendido, pues un proyecto que cuesta 1.200 millones de euros, como se refleja en prensa, no pueda permitirse este mínimo gasto» e insiste en que prefiere consultar en papel « pues los mapas se ven mejor ».

Ante la insistencia del experto en la obligación normativa de tenerlo en papel en Mozárabes, el jefe de Demarcación«"le ofrece la posibilidad de que, en plan favor», se acerque a Mozárabes y le impriman «alguna hoja que le resulte interesante». Así, «ha pasado más de un mes desde que el experto se presentó en Mozárabes y, habiendo informado de su teléfono en dicha sede, nadie de la Oficina de Carreteras se ha puesto en contacto con el socio de Ecologistas».

En segundo lugar, Ecologistas en Acción ha destacado que el proceso de participación pública es muy deficiente y se pregunta cómo para proyecto que «supone un desembolso de dinero público de 1.200 millones de euros no se ha organizado ninguna reunión informativa por parte del Ministerio de Fomento donde se explique a la sociedad civil y a los grupos ambientalistas un proyecto tan complejo y que afecta tanto al territorio y a las emisiones de efecto invernadero».