La Diputación tuvo dos meses paradas las pruebas de las irregularidades de Guadalquivir Futuro

Según el ítem de hechos que aparece en el informe de la gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social , la comisión de seguimiento del convenio se activó en los primeros días de noviembre con el objetivo de realizar una vigilancia de los hechos tras conocerse la sanción de la Junta. La reunión fue constitutiva y estuvo marcada por la decisión del PSOE en la Diputación de impedir la presencia de diputados de la oposición.

Pocos días después, el 11 de noviembre, se produjo una reunión con contenido en el que los responsables de la fundación entregaron un documento memoria . En él se explica lo realizado y quién estaba encargándose de ello adjuntando una serie de contrataciones. No consta en la documentación que, tras este hecho, se realizaran más entregas de información.

El problema radica en que el informe de valoración de ese material tiene fecha de 16 de enero de 2017, según la firma electrónica de la gerente del IPBS , María del Carmen Carrasco. Es en ese documento donde se detectan los dos problemas. En primer lugar, que se han incluido actividades no previstas en el plan socioeducativo que la Diputación se comprometió a financiar. En segunda instancia, que la fundación cambió los compromisos de contratación aludiendo a la necesidad de perfiles profesionales distintos que eran necesarios.

En el convenio originario , de mayo de 2016, la fundación adquirió el compromiso de contratar a tiempo completo a un trabajador social y a un dinamizador social que recibían la colaboración de seis voluntarios. Al final, fueron seis contratos, dos de los cuales se corresponden con los exnúmeros uno y dos de las Juventudes en la capital, Cristian Menacho y Alejandra Pérez. La fundación metió para la justificación parcial de la ayuda personal que llevaba meses o años trabajando para la entidad no gubernamental.

El informe de la gerente realiza la propuesta de exhortar a la fundación a que cumpla con los compromisos en vez de reclamarle el reintegro. La realidad es que la organización ya ha consumido la mayor parte de los recursos porque ha estado cerca de nueve meses trabajando sin cumplir el contrato.

En este tiempo, llegó a realizarse un consejo del IPBS donde se produjo una pregunta sobre cómo iban las indagaciones. Los responsables consultados aseguraron que la respuesta fue que se estaba entregando documentación. Eso tuvo lugar en diciembre , cuando la Diputación ya disponía de los principales elementos de juicio.