Investigan 13 casos de mayores que llegan a la Fiscalía por negarse a recibir la vacuna contra la Covid-19

El Fiscal delegado de Mayores, Fernando Santos, ha confirmado a ABC estos casos de los que 11 de ellos se encuentran ya judicializados en su fase final a la espera de resolución previos informes del Medicina Forense y, posteriormente, a tenor de lo que señalen los forenses en cada caso concreto, del Ministerio Público.

Entre estos 11 casos están los de los siete residentes en la Fundación Arjona Valera de Priego de Córdoba que mostraron ante la Fiscalía de Córdoba su negativa a ser vacunados contra el coronavirus el pasado 25 de enero. Con aterioridad, días antes se habían registrado cuatro casos más en otros centros de mayores que habían declinado las dosis en el inicio de la primera fase de vacunación por parte de la Consejería de Salud en una residencia de ancianos de la provincia de Córdoba.

Las razones que han esgrimido en la mayoría de los casos los mayores o sus familiares para negarse a ser vacunados son de lo más peregrinas. Es decir, no se trata, en la mayoría de los expedientes presentados ante la Justicia porque sufran algún tipo de alergia a un medicamento o porque su estado de salud sea extremadamente delicado, sino porque « prefieren esperar a que más gente se vacune » y en otros casos, simplemente porque « los hijos no están todos de acuerdo en vacunar a su padre o madre, y hasta que ellos no lleguen a consenso prefieren aplazar su vacunación».

Ninguna de esas razones son de suficiente calado , explica dando un ejemplo la Fiscalía, a priori, y a falta de concer los informes forenses que evaluen el estado y la convenciencia o no de ser vacunados -riesgo o beneficio-, para eludir la vacunación.

Hasta ahora varias resoluciones judiciales España con casos similares han autorizado a Salud a vacunar a los residentes pese a la oposición de sus familiares. La primera resolución en este sentido se dictó en Santiago de Compostela el pasado 15 de enero. En Andalucía, unas semanas, el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla dictaba un auto en el que autorizaba al servicio médico-sanitario de una residencia de mayores de la capital hispalense a suministrar la vacuna contra el Covid-19 a una usuaria de 86 años de edad «que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud», todo ello tras la negativa de su hijo a otorgar su consentimiento para la citada vacunación.

El segundo melón por calar en esta etapa de vacunación contra el Covid será el de los centros de mayores (públicos o privados) donde haya trabajadores que se hayan negado a ponerse la vacuna. En estos casos, -de los que se conocen al menos dos constatados por ABC en una residencia de Priego, pero que existen mucho más- la decisión tendría que tomarla un juez. En Andalucía según han constatado fuentes de la Consejería de Salud y Familias un 0,9 por ciento de trabajadorse de residencias se han negado a ponerse la vacuna contra el Covid-10. Este dato se traduce, en caso de que sea extrapolable la media al resto de provincias, de que prácticamente uno de cada diez trabajadores en residencias se niega a recibir la dosis de vacuna contra el coronavirus.

La cuestión no es baladí. Juristas consultados por ABC aseguran que tanto los gerentes de los centros de mayores públicos como privados deben dar parte de estas incidencias al Juzgado o en su caso , el propio trabajador pidiendo amparo ante un posible despido, sanción o cambio de puesto de trabajo por esta negativa.

Estos juristas coinciden al señalar que existe un conflicto entre Salud (que quiere vacunarle para preservar la salud de los residentes) y el trabajador de la residencia (que se niega a recibir la vacuna). En estos casos y dependiendo de si se plantea la cuestión por una residencia pública en la que el órgano competente es el Juzgado de lo Contencioso, o en caso de una residencia privada en un Juzgado de lo Social. Igual que ocurre si es el propio trabajador ante un posible despido que pide amparo al Juzgado tras negarse a recibir la vacuna.

Al tratarse de la supuesta vulneración de un derecho fundamental al que podría acogerse el trabajador en su demanda como el del derecho a la libertad ideológica («yo no me vacuno porque no creo en las vacunas») será el juez quien decida si ese derecho prevalece o no al de preservar la salud de los ancianos en una residencia . Estas mismas fuentes indican que el caso de "tus derechos terminan donde empiezcan los de otros» no es exactamente así, ya que hay que calibrar en cada caso.

La clave que debe sopesar un juez, en palabras de estos juristas consultados por ABC, está en detectar si el perjuicio a terceros por esa decisión de no vacunarse es «inaceptable» o no . Como ejemplo, el de una huelga de transporte: Una huelga que es un derecho choca con el de otros porque por ejemplo deja sin transporte a unas determiinadas horas a un país, sin embargo se autoriza porque entienden que si se fijan unos "servicios mínimos" ese perjuicio puede ser asumible. Es decir, una huelga de trenes sí, igual no puedo coger el primero de la mañana pero sí el segundo".

El despido por parte de las residencias de un trabajador que se niegue a ponerse la vacuna podría incluso estar justificado, argumentan estos juristas, ya que según los distintos estatutos de los distintos centros en esas empresas -tanto públicas como privadas- se recogen que hay que cumplir las «instrucciones dadas por la dirección del centro» y en este caso se estarían incumpliendo. En cualquier caso, es un juez el que debe determinar en cada caso si procede o no el despido, o hay que apartar a ese trabajador y dejarlo en otra zona donde no suponga un riesgo para el resto, llegado el momento.