Conceden el tercer grado al empresario cordobés Rafael Gómez

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso ABC, «a la vista de los informes aportados, se desprende que el interno se encuentra en condiciones de poder desenvolverse con normalidad en semilibertad, y consecuentemente acceder al tercer grado de tratamiento penitenciario, pues el mismo viene observando una buena conducta en prisión ».

De este modo, Vigilancia Penitenciaria estima los argumentos esgrimidos por la defensa de Gómez, que destacan que «se trata de un interno de 74 años, jubilado, casado, padre de familia; totalmente integrado desde el punto de vista familiar y social, y cabe destacar que ingresó en el centro mediante presentación voluntaria ».

Apunta la letrada, además, que « hace frente a su responsabilidad civil pendiente con pagos regulares , que han ido aumentando progresivamente y que recientemente se ha jubilado destintando el importe íntegro de su pensión al abono de dicha responsabilidad».

Por ello, «no existe ningún tipo de riesgo de reincidencia delictiva , toda vez que, por su jubilación, ha abandonado todo tipo de actividad empresarial».

Además, la abogada del condenado destaca que, desde el punto de vista sanitario, se trata de una persona «con diversos p roblemas médicos acreditados y documentados , y su estancia en este centro penitenciario no ayuda en modo alguno a su recuperación. Y no se ha previsto, desde el punto de vista del tratamiento peniteciario, ningún objetivo, ni su inclusión en ningún tipo de terapia rehabilitadora».

Por todo ello, el juez ha resuelto concederle el tercer grado. Si bien contra esta resolución cabe recurso de reforma, de apelación o uno de reforma y subsidiario de apelación.

Rafael Gómez fue procesado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, pero finalmente fue condenado por dos de ellos. El de mayor calado fue el que le llevó a la pena de 2 años y 9 meses de prisión con multa de 102.281.202,40 euros. El segundo delitos lleva aparejada la sanción de 2 años y 6 meses de prisión (por el segundo delito) con una multa de 9.641.778,84 euros. Esto suma una pena de 5 años y 3 meses de prisión y una multa de cerca de 112 millones de euros en total.

Los dos delitos fiscales que han llevado a la condena de prisión a Gómez son de un lado el impago de 25,5 millones de euros correspondiente al Impuesto de Sociedades de Arenal 2000 y de 3,2 millones por dejar de tributar por Arenal 2001 S.L. en el ejercicio 2006. Es decir, los dos delitos se cometieron hace más de ocho años.