Competencia investiga a 38 autoescuelas de Córdoba por una denuncia de pacto de precios

La ficha de la investigación (Acrea las hace públicas citando los nombres de las autoescuelas investigadas) explica que el departamento que realiza las inspecciones considera que existen «indicios racionales» de que se infringió el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, que impide que los operadores económicos se pongan de acuerdo en los precios que cobran.

La Acrea llegó a colgar en su web una comunicación oficial dando los primeros datos de la investigación, que no tuvo difusión. La Agencia explicó en ese documento que había recibido una denuncia de una empresa del sector de Córdoba capital en la que aseguraba que existían estas prácticas contrarias. Competencia abrió formalmente el expediente de investigación en febrero de 2020 aunque no le dio difusión hasta el mes de julio del año pasado.

El comunicado de Competencia decía exactamente que se había realizado una diligencia reservada previa por medio de una actuación de comprobación en la sede de la empresa denunciante. Decía además también que existían «indicios de intimidación de la autoescuela que no respetara su cumplimiento». La Agencia tiene 18 meses para emitir una resolución del caso que puede ir del archivo a la sanción de los denunciados. Fuentes oficiales de la Junta explicaron que el expediente sigue abierto.

El presidente de la Asociación de Autoescuelas de Córdoba , Rafael Cruz, negó tajantamente que las empresas denunciadas hayan realizado pactos de precios y aseguró que el sector está defendiendo sus derechos en el procedimiento ante Competencia. En primer lugar, aseguró que los hechos proceden del año 2017, cuando se produce una larguísima huelga de examinadores de la Dirección General de Tráfico que tuvo en jaque al sector. Los hechos ocurren, pues, en una situación tremendamente compleja.

En segunda instancia, el dirigente de la patronal aseguró que las alegaciones presentadas han demostrado documentalmente que no existen similitudes entre los que cobran unas autoescuelas y otras por la formación de alumnos para el carné de conducir B. En concreto, explicó que estas cantidades dependen del entorno en el que se opera, de la capacidad adquisitiva de cada barrio.

¿Existe un patrón de las 38 autoescuelas denunciadas? ¿Algún motivo para que estén en el punto de mira de Competencia unas sí y otras no? Rafael Cruz sostiene que sí. Están todas las autoescuelas que formaban parte de un grupo de Whatsapp formado por los propietarios de esos negocios en ese momento para comentar las novedades de la huelga de examinadores, una de las más largas de las que se tiene constancia en la Administración. Arrancó en junio de 2017 y se prolongó hasta diciembre de ese mismo año generando un auténtico caos en los servicios de obtención de la licencia de conducción.

El responsable de la patronal sostiene que la situación creada es tan extraña que se ha investigado a personas que tienen su autoescuela cerrada al haberse jubilado. Se trata, en su mayoría, de negocios ubicados o en Córdoba capital o en municipios de su radio de influencia. «Vamos a dar la cara», explica Cruz, que aseguró que se han aportado todos los documentos precisos para el desarrollo de su defensa.

El sistema, explica el responsable de la patronal de autoescuelas, se basa en la presentación de documentación con la que sustentar las alegaciones que se presentan para rebatir el contenido de las denuncias presentadas. Los acuerdos de la Agencia de la Competencia pueden recurrirse ante los tribunales de justicia ordinarios ya que tienen la consideración de resoluciones administrativas. Es lo que hizo el sector del taxi cordobés cuando se le abrió una investigación por prácticas restrictivas.