Las cinco claves del juicio a Rafael Gómez y su familia

El empresario y excandidato a la Alcaldía se sentará en el banquillo junto a sus hijos acusados de delitos contra la Hacienda Pública que suman más de 70 millones . La Fiscalía de Córdoba solicita para el líder de UCOR 44 años de prisión por defraudar al fisco entre los ejercicios 2003 y 2006 cantidades millonarias. Reclama otros 22 años de cárcel para cada uno de sus cuatro vástagos por ocho delitos. Su esposa no está acusada de estos delitos aunque sí ha sido incluida como presunta responsable patrimonial ya que formaba parte de las sociedades mercantiles del grupo de empresas.

Rafael Gómez Sánchez será el primero en subir al estrado ante el juez titular del Penal 3, Miguel Ángel Pareja, en un juicio que se celebrará en su primera jornada en la sala del jurado de la Audiencia Provincial para acoger a los medios de comunicación acreditados.

La falta de espacio ha obligado a que se habilitaran dos salas de la Audiencia (que se alternarán para no colapsar las vistas previstas en estos órganos) pese a que el juicio corresponde a un Juzgado de lo Penal, dado que ninguna de las penas máximas solicitadas supera los 5 años de cárcel. La primera jornada será para escuchar la declaración de los cinco acusados . Es decir, toda la familia de Rafael Gómez que se sienta en el banquillo.

Los Gómez tendrán que dar explicaciones sobre el demoledor relato de la Fiscalía y de la propia Abogacía del Estado quienes recogían en su escrito de acusación que «se produjo una confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales ; no existía una línea divisoria entre los activos que estaban destinados a necesidades empresariales de aquellos afectos a satisfacer necesidades particulares».

Esta frase del fiscal especialista en delitos económicos encargado del caso «Sandokán», Fernando Santos, resume la presunta práctica de Rafael Gómez y sus cuatro hijos entre los años 2003 y 2006 en las que el «rey Midas» de la joyería y la construcción en Córdoba defraudó supuestamente a Hacienda más de 70 millones , por lo que tendrá que pagar multas si resulta condenado de entre 57 y 342 millones de euros (el quíntuple de las cantidades defraudadas), además de afrontar las penas de prisión.

La duración de la vista está prevista que sea aproximadamente de dos semanas , ya que arranca este lunes 16 de enero y concluye el viernes 27 del mismo mes. Por la sala pasarán más de 10 peritos y 20 testigos, dada la complejidad de la causa y el número de acusados.

Entre las explicaciones que tendrá que dar el clan familiar y empresarial está la de justificar la retirada de hasta 60 millones de euros en billetes de 500 para gastos de consumo . Hay que recordar que el Ministerio Fiscal mantiene que por parte de las personas físicas titulares del grupo, es decir, Gómez y sus hijos, durante en estos años (2003/2006) retiraron en efectivo 20 millones al año en metálico.

Los acusados ya manifestaron en instrucción que ese dinero lo gastaron en «consumo». La consecuencia de ello es un empobrecimiento financiero del grupo, recoge el fiscal.

Para defenderse de todas estas acusaciones, Gómez, en su escrito de defensa, ha tirado de exinspectores de Hacienda, economistas, catedráticos de Derecho Tributario, entre otros expertos, que apoyan con informes periciales de parte la defensa diseñada por el letrado de Rafael Gómez, Severino Martínez Izquierdo. El objetivo: limpiar esa deuda con Hacienda entre los años 2003 y 2006.

Según el escrito de defensa, al que ha tenido acceso ABC, G ómez niega que hubiera habido «ocultación» en los distintos ejercicios fiscales, al tiempo que descarta cualquier tipo de delito fiscal, y que si no tributaron bajo el régimen patrimonial, eso no significa «ocultación». Entre sus argumentos relativos al ejercicio fiscal de 2004, Gómez asegura que «presentó su declaración correspondiente en junio de 2005» . Si bien reconoce «que hubo una discrepancia entre los informes de los peritos de la Agencia Tributaria (AEAT) que se ponen de manifiesto en la causa», alega que «estamos ante calificaciones técnicas discutibles en materia tributaria».