Cosmos amenaza con llevarse la producción de Córdoba si persiste el acoso municipal

Y algo más, Cosmos podría marcharse de Córdoba, sin aceptar la posibilidad de buscar un emplazamiento en el extrarradio. «El único traslado posible es el de la producción a otra fábrica que no esté sometida a las arbitrariedades que se están dando en Córdoba», afirma. No en vano, «la empresa tendría que plantearse un cambio de estrategia en este centro de producción, y, por tanto, en el mercado andaluz».

Con los primeros informes de los componentes de la mesa de trabajo sobre Cosmos encima del tablero pero aún sin una conclusión clara y unánime, Urbanismo ha puesto en marcha los mecanismos que podrían forzar el traslado de la cementera. El primer teniente de alcalde y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo , Pedro García (IU), anunció ayer que en el próximo consejo rector, que se celebrará el miércoles, se aprobará de forma inicial una innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la que se fijará dónde será posible quemar residuos como combustible por parte de las instalaciones industriales.

Como no podía ser de otra manera, el foco está puesto en Cementos Cosmos , la fábrica propiedad de Votorantim Cementos ubicada en el núcleo urbano cordobés, entre Fátima y Valdeolleros , y con la que el actual equipo de gobierno tiene una batalla abierta en los juzgados.

La aprobación de dicha innovación, que lleva urdiéndose desde finales del año anterior, conllevará la suspensión cautelar de todas las licencias -lo que no afectará a Cosmos, que ya tiene la suya suspendida desde que Urbanismo comenzó el proceso- hasta que se completen los trámites, que no son pocos: primero el Pleno tendrá que ratificar la decisión de Urbanismo, después tendrá que pasar a exposición pública y solicitar un informe de la Junta de Andalucía que dé el visto bueno a las novedades, si bien García recordó que será «preceptivo pero no vinculante». El presidente de Urbanismo calculó que estos trámites podrían extenderse hasta seis meses .

La medida no va encaminada a prohibir la valorización de residuos, sino a regularla estableciendo dónde y cómo podrá hacerse , con el objetivo de que esta actividad no se realice cerca de las viviendas como sucede en la actualidad. El problema es que trasladar una fábrica no es precisamente una tarea fácil y conllevaría una importante inversión económica por parte de la cementera (unos 300 millones).

Por otro lado, con este paso Urbanismo mete la quinta marcha ante una cuestión que, de forma paralela, estaba siendo estudiada por una amplia mesa de diálogo compuesta por los grupos políticos con presencia en el Ayuntamiento y colectivos de vecinos, sindicatos y ecologistas. Las partes han empezado ya a exponer sus conclusiones de forma individual, pero por el momento no ha trascendido una resolución unánime y vinculante a partir de la cual fijar las futuras líneas de actuación. No obstante y al margen de reuniones, exposiciones y conclusiones, el Ayuntamiento -y en concreto la formación que está al frente de Urbanismo, IU- parece tener claro en qué dirección quiere avanzar.