El Ayuntamiento de Córdoba denuncia ante la Fiscalía cinco años de obras municipales infladas de precio

Dorado entregó a la fiscal que lleva el caso, delegada de asuntos contra la corrupción, un ‘pen drive’ con cinco gigas de información . Consiste en un informe realizado por un ingeniero técnico industrial colegiado que ha estudiado 32 proyectos de obra civil efectuados tanto en la reposición de alumbrado público como en las labores para poner nuevas luminarias en calles, plazas y avenidas que eran reparadas por el Ayuntamiento de Córdoba. Como anexo, están todos los expedientes municipales completos. Cronológicamente, el primer proyecto estudiado es de septiembre del año 2016 (la renovación de las luminarias de la zona de Levante) con Isabel Ambrosio en la Alcaldía y Amparo Pernichi de delegada de Infraestructuras. El último data de marzo de 2020 (con José María Bellido de alcalde y el propio Dorado de edil de Infraestructuras) y es la remodelación de las calles Sancho el Craso y Genoveses. El cambio de gobierno se produjo en junio del año 2019 .

El sistema descrito como presuntamente irregular se fundamenta en la compra de material. Cuando los servicios técnicos del Ayuntamiento de Córdoba realizan un proyecto de sustitución de luminarias no encargan una farola cualquiera de la que se encuentran en el mercado. Se pide una muy concreta con marca, modelo, potencia y un código de dos letras y cuatro cifras . La auditoría explica que las empresas ofertantes no tenían la posibilidad de sustituirlas por otras « incluso de mayores prestaciones ». Tampoco se permitía su sustitución por otro modelo que durase más o permitiese un mejor mantenimiento.

Cuando la obra se licitaba, explica la auditoría entregada en los juzgados y acompañada de una denuncia, las empresas interesadas en realizar la obra empezaban a estudiar el proyecto y las distintas partidas de obra. Esas farolas en concreto no estaban disponibles a efectos comerciales en los distribuidores. «Su único fabricante las dota de un código interno que no aparece ni en el catálogo, ni en la página web del fabricante», dice el autor del informe. Para pedir precios, las empresas tenían que llamar directamente a la firma o sus delegaciones «recibiendo un precio desorbitado , a veces más de un 40 por ciento, que hace inviable cualquier propuesta».

El informe de auditoría resalta un dato interesante: «No existe diferencia entre las luminarias de este código especial con otras del mismo fabricante y de las mismas prestaciones, solamente y exclusivamente en el precio abultado que da el fabricante de las mismas para los proyectos de la ciudad de Córdoba». En los proyectos analizados, la partida económica del coste de las farolas era lo que incidía «en que los licitadores no pudiesen ofertar una propuesta más ventajosa”.

Los 32 proyectos que comprende el informe pertenecen a un periodo de cinco años pero el auditor externo da pistas de que podría ser una presunta forma de proceder que hubiese sido mucho más prolongada en el tiempo. Para el desarrollo de la auditoría, explica el autor, se han tomado datos de los expedientes públicos, de las empresas que fueron rechazadas, de las licitadoras y de los almacenes donde se venden este tipo de productos de Córdoba y provincias cercanas. Tampoco se ceñía exclusivamente a las farolas. El informe asegura que también se compraban de la misma manera los cuadros de mando y otros elementos del sistema eléctrico .

Un ejemplo práctico de cómo funciona la presunta irregularidad es la siguiente. En el distrito de Levante se colocaron 337 luminarias nuevas. El precio unitario que aparece en el proyecto eran de 376,69 euros que coincide con el que ofrecía el comercial de la marca que tiene la gestión exclusiva. El precio real a junio de 2021, con código, eran 544 euros lo que ofrecía un sobrecoste unitario de 132,49 euros si se le aplica el 40%. Si se multiplica esa cifra por la cantidad de luminarias colocadas implica un beneficio extra obtenido en el proceso de 44.649,1 euros .

A más farolas a colocar y de mayor potencia, mayor era el sobreprecio. El 29 de septiembre de 2016 se realizó un proyecto para la mejora de todo el sistema de luz del distrito Sureste . Se colocaron 337 luminarias . El coste que aparecía en el proyecto era de 441,57 euros por unidad, coincidente con el precio del comercial de forma genérica. El precio real eran 557 una vez calculado el 40 por ciento. El sobrecoste soportado, siempre según la auditoría externa, es de 55.000 euros .

Siempre según el informe técnico entregado para soportar la denuncia realizada ante la Fiscalía, en los 32 proyectos analizados se colocaron más de 3.000 farolas o puntos de luz en los expedientes analizados generando un sobrecoste de 418.217 euros (IVA excluido). De todo ese dinero, 343.000 euros fueron de obras de regeneración del alumbrado público y 74.316 de obras de remodelación de las calles. Una de las claves de todo este proceso es que todos los proyectos pasaron por la fiscalización efectiva de Intervención y por las mesas de contratación correspondientes. Es decir, por un sistema supuestamente garantista en el que hay muchos ojos supervisando el trabajo.

El informe presentado por el concejal Dorado ante la Fiscalía de Córdoba no denuncia un reparto de fondos ilícitamente obtenidos . De hecho, se limita una descripción de lo que puede hallarse en los documentos, del circuito de compras . Así, usa la palabra «complot» para señala los hechos descritos. Es decir, que presuntamente hubo un concierto de voluntades dentro y fuera del Ayuntamiento para que eso fuera posible. El proceso constata «algún tipo de trama organizada con el claro objetivo de obtener un lucro por encima del que hubiera sido normal en condiciones de libre concurrencia y competencia».

En los años estudiados, se produjo una fuerte inversión en materia de alumbrado público . En la etapa de José Antonio Nieto, se lanzó un proyecto llamado Córdoba Luze que, en resumidas cuentas, implicaba poner el trabajo diario de alumbrado público en manos privadas dirigiendo desde el Consistorio la parte técnica. PSOE e IU llegaron al gobierno municipal asegurando que eso era una privatización y optaron por buscar una fórmula diferente desde lo público.

Entre 2016 y 2017, se inició un proyecto de sustitución de luminarias no efcientes con dinero adelantado por la Unión Europea. El Ayuntameinto de Córdoba consiguió recursos de los fondos Jessica ( Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ) que fueron volcados exclusivamente en esta cuestión. En total, el gobierno municipal del PSOE e IU gastó unos cuatro millones de euros de un crédito europeo que está en proceso de devolverse.

Para explicar el contexto, hay que retrotraerse algunos meses. Los concejales de IU Amparo Pernichi y Pedro García desvelaron la existencia de presuntas irregularidades en una obra de alumbrado en la avenida de Libia . Supuestamente, se habían troceado contratos y se había realizado una presunta falsedad documental al certificar la finalización de obras no acabadas. Los concejales aseguraban que había también una presunta prevaricación. IU se fue al fiscal que abrió unas diligencias de investigación.

Tanto Infraestructuras como la Asesoría Jurídica, en paralelo, abrieron sus procesos de investigación reservada. Los abogados del Ayuntamiento de Córdoba transmitieron al gobierno municipal que existían indicios sólidos de problemas y graves. Aconsejaron llevar al fiscal el caso. Las fuentes consultadas desvinculan un asunto y otro. No coinciden los funcionarios ni los hechos descritos en el caso denunciado por Dorado con el que IU llevó al fiscal .