La adjudicataria avisó en octubre de que realizaba obras no previstas

El Ayuntamiento tardó más de dos meses en empezar a indagar sobre este asunto a pesar de que la advertencia era bastante expresa. El documento legal redactado por los abogados de UCOP decía expresamente lo siguiente: «Tampoco se da respuesta en forma de reflejo a actuaciones desarrolladas en obra, que deben reconocerse al contratista». En concreto, aseguraba la adjudicataria que sería legalmente obligatorio llevar a cabo un expediente de ampliación del contrato, inyectando más presupuesto, ya que «el proyecto no prevé la ejecución de estos trabajos, que serían unidades nuevas requiriendo un nuevo expediente de contratación». La clave en este punto se encuentra en la frase «unidades nuevas».

Según la legislación, las administraciones pueden ampliar «de facto» los contratos cuando se trata de las mismas unidades de obra pero que precisan de más recursos. El ejemplo clásico es el de la solería de un edificio. Si se calculan 100 metros cuadrados de material pero en realidad son precisos 150, no es preciso efectuar un expediente concreto. Basta con realizar la liquidación indicando qué es lo que ha cambiado. El límite es que no se puede superar el diez por ciento del precio original.

De hecho, los responsables del contrato advirtieron a todos los departamentos municipales que iban a utilizar esta vía para adelantar obras pendientes sin esperar al modificado. En concreto, se trata de una vía que se expresa en el artículo 160 del reglamento de desarrollo de la ley de contratos de las administraciones públicas. Hace meses, la funcionaria de la Gerencia de Urbanismo que coordina el proyecto explicó que, mientras se realizaban los trámites, podían llevarse a cabo una serie de modificaciones sobre los huecos de la fachada con el objetivo de facilitar el mantenimiento. Según la documentación oficial, el presupuesto máximo  de esta parte de la obra es de 60.215 euros de ejecución material (es decir, sin impuestos ni beneficio industrial).

Se trata, aproximadamente, del 0,66 por ciento del coste total del proyecto lo cual entraría dentro del rango de tolerancia. Tanto Contratación como Asesoría Jurídica emitieron sendos informes en donde no se ponían problemas a esta vía aunque la abogada municipal especificaba que se realizase dentro de las estrictas normas que se especifica la legislación.