La década larga de la ITE

El caso de la Inspección Técnica de Edificios (ese fue su primer nombre, ahora se llama Inspección de Evaluación de Edificios) es el más bello caso de hipocresía normativa que es tan común en España. En este país, siguiendo el paradigma de Groucho Marx, se buscan problemas, se encuentran, se les aplica un diagnóstico falso para aplicarle el remedio equivocado.

Alguien pensó en su día que, al igual que pasa con los coches, una buena manera de evitar los procesos de infravivienda es que los propietarios, sean individuales o colectivos, realicen chequeos obligatorios y periódicos en función de la edad del edificio (el mínimo es a partir de cincuenta años de existencia) que se van volviendo cada vez más frecuentes conforme el inmueble propiamente dicho va cogiendo años y achaques.

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La primera vez que se reguló la presentación obligatoria de la ITE fue en 2009 para unos barrios concretos, los encuadrados en el área de rehabilitación integrada de la Ajerquía Norte. Esto es, Santa Marina, San Agustín y San Lorenzo. De hecho, se estableció un sistema de multas para quien no cumpliese. Lo que pasó no les sorprenderá: no cumplía nadie. El vecindario vio aquello como un sacacuartos más, como un tributo oculto, e hizo caso omiso de todos los plazos que se iban dando. Explicaba que una cosa es necesitar unas obras de mejora en un inmueble y otra cosa es tener dinero para ello, convencer a la comunidad o encontrar la forma de hacerlas. Que una cosa es lo que diga el decreto de marras y otra la vida misma.

Como quiera que la prueba piloto había devenido en tremendo fracaso, alguien decidió, hace ahora diez años, que por qué no implantarla en toda la ciudad. Es lo que pasa con las pruebas piloto que, una vez obtenidos los resultados, lo mejor es pasar absolutamente de ellos. Así, anualmente se han venido publicando prórrogas de la entrada en vigor de la inspección técnica porque tampoco es cosa de ponerse a multar a todo el mundo a la vez. En estos momentos, solo cumple con el trámite quien no tiene más remedio: o se le ha pedido expresamente o está pidiendo una subvención.

La cosa bonita de este particular es que el Ayuntamiento de Córdoba está reformando la norma reguladora de la Inspección Técnica de Edificios que, recordemos, nunca ha llegado a entrar en funcionamiento. Lleva cuatro años, cuatro, redactando la nueva ordenanza de ruinas y evaluación de edificios. Como no es cosa de ponerlo fácil, se han establecido subtipos de informe que, fíjense qué curioso, ponen la cosa aún más complicadas en función del inmueble. Llenándolo todo de siglas que serán, en el futuro, tan inútiles como sus primas hermanas. Porque puestos a cuidar de sus inmuebles se le podría pedir explicaciones al Ayuntamiento de Córdoba, al resto de instituciones, sobre el estado calamitoso de sus propiedades. Y, una vez que eso ocurra, hablamos.