Una psiquiatra se enfrenta a tres años y medio de cárcel por el suicidio de un paciente al que no internó en Salud Mental

Esta facultativa se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de una pena de un año y medio de prisión, según ha podido confirmar ABC, acusada de un delito continuado de denegación de asistencia sanitaria y dos años y seis meses por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia, a la vez que le piden inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.

Al respecto, el escrito de acusación del fiscal se ha presentado tras la denuncia inicial de un familiar de la persona que se quitó la vida y fue remitido al juzgado para la apertura de juicio oral y el correspondiente señalamiento, según ha informado a ABC el TSJA.

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Según consta en el escrito de acusación facilitado a ABC por la Fiscalía del TSJA, la acusada, en el desenvolvimiento de su función y en su condición de psiquiatra, había tomado contacto con las reiteradas demandas de asistencia hospitalaria requeridas por un paciente, que recibió asistencia en los servicios de Urgencias del hospital, por la que se derivaba al servicio de Psiquiatría, por episodios sufridos en los que presentaba ansiedad, agitación y nerviosismo, agresividad, alucinaciones, ideas de suicidio e intoxicación medicamentosa que respondía en muchas ocasiones a un intento de suicidio.

Este paciente fue considerado en el servicio de Salud Mental, del que era responsable la acusada, de trastorno de personalidad mixto y consumo de sustancias tóxicas y alcohol, descartando que se tratara de un paciente psiquiátrico. Por dicha razón, tras la atención médica recibida por el paciente, en muchas ocasiones por la propia acusada, éste era dado de alta sin que ésta, como coordinadora y responsable del servicio, pusiera en marcha ningún protocolo de seguimiento y control de dicho tratamiento ambulatorio, lo que provocó que el padecimiento de este paciente empeorara.

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El aumento de episodios de agresividad e intentos de suicidio que sufría este paciente obligó a un familiar a denunciar la situación insostenible creada por la falta de asistencia médica del joven, a poner en conocimiento de la acusada el peligro al que estaban expuestos, ya que el joven no cumplía la medicación prescrita, persistiendo las ideas de suicidio y la agresividad.

Pese a ello, la acusada, conocedora de la resistencia al tratamiento del paciente y de la situación que estaban viviendo él y su familia, «con absoluto desprecio a las más elementales normas de cuidado», a juicio de la Fiscalía, no cumplió con los protocolos de actuación que el caso requería, consistentes en la atención domiciliaria o en el programa de atención intensiva comunitaria, que para estos casos contempla la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital.

Fue entonces cuando este familar del paciente acudió al juzgado para solicitar ayuda y este órgano judicial -avalado por informes forenses- acordó autorizar el internamiento involuntario de este paciente en un centro adecuado a sus patologías, librándose oficio a la Coordinadora de Salud Mental para que dispusiese lo necesario para su inmediata efectividad.

Sin embargo a pesar de que éste persistía en su voluntad de quitarse la vida y siendo conocedora la acusada de los hechos sucedidos, la acusada persistió en que el tratamiento dispensado a aquel debía ser el de un enfermo ordinario, negándose a proporcionarle la asistencia adecuada a un enfermo psiquiátrico.

Consecuencia de ello este paciente acabó poco después con su vida. En este sentido, el fiscal ha considerado que la persona fallecida de manera voluntaria «no fue atendida adecuadamente» en el centro sanitario, motivo por el cual ha presentado acusación y calificado los hechos.