La oposición de Aguilar invita a no pagar la zona azul ante la posible irregularidad del servicio

Y a partir de 2010 ya no existía ningún tipo de vinculación entre la empresa Fepamic, que fue la adjudicataria en aquel momento, y el ayuntamiento de Aguilar puesto que nunca se volvió a licitar la prestación como tendría que haberse hecho. Pese a esa falta de licitación Fepamic continuó desarrollando la gestión de la zona azul.

Por este motivo, a juicio de UPOA, esta situación está haciendo que los ciudadanos paguen por estacionar a una empresa que no tiene ningún tipo de relación jurídica con el Consistorio. De hecho Antonio Zurera explicó que, a raíz de la última denuncia pública efectuada por este asunto por UPOA en febrero de 2023, el Ayuntamiento ya no está tramitando las sanciones que se venían aplicando por no abonar el pago de zona azul.

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Es decir, que desde febrero de 2023 al ciudadano que no paga la zona azul no le está llegando a su casa ningún tipo de multa. Según UPOA el personal que vigila la zona azul no está habilitado para imponer ningún tipo de sanción ni para comunicar al Ayuntamiento ningún tipo de infracción puesto que la empresa Fepamic carece de un contrato en vigor para llevar a cabo el servicio.

Por este motivo UPOA invita a los ciudadanos a que «no participen en este fraude y a no dejar que se les siga metiendo la mano en sus bolsillos hasta que la alcaldesa, Carmen Flores, tenga la voluntad política y regularice la situación existente en la zona azul».

Otra de las cuestiones denunciadas por UPOA es que la empresa Fepamic no ha pagado el canon que se estipuló en el contrato que estuvo vigente desde 2006 a 2010. Se fijaba una cantidad anual que tenía que abonarse al Ayuntamiento en función de la recaudación de las máquinas expendedoras de tiques. Y, según UPOA, no se pagó ninguna cantidad ni en esos cuatro años ni tampoco desde 2010 hasta la actualidad.

En estos 17 años la empresa ha podido obtener, según afirman, una cantidad que supera el millón de euros por los pagos de zona azul tal y como se recogió en la previsión de ingresos realizada cuando se comenzó a prestar el servicio. Y de esta cantidad total habría que haber abonado al ayuntamiento el porcentaje estimado en el primer convenio suscrito.

UPOA exige que se depuren responsabilidades en el Ayuntamiento por el perjuicio económico ocasionado a los miles de ciudadanos.